La Alcaldía de Cartagena reafirma la legalidad de la orden de desalojo y se prepara para la recuperación del espacio público en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El restaurante Café del Mar, uno de los establecimientos más icónicos de Cartagena, ha enfrentado un revés judicial en su intento por revertir el desalojo del baluarte Santo Domingo, un importante patrimonio histórico de la ciudad. El pasado 2 de septiembre, la Alcaldía de Cartagena cumplió con una orden judicial que obligó a la salida del restaurante, ubicada en una de las zonas más turísticas y representativas del Centro Histórico.
A pesar de los esfuerzos legales del restaurante para evitar el desalojo, que incluyeron la interposición de una tutela alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, tanto el Juzgado Penal 8 del Circuito de Cartagena como el Tribunal Superior de Justicia de Bolívar confirmaron que el proceso de desalojo se llevó a cabo en conformidad con la ley y respetando las garantías constitucionales. La tutela presentada por Café del Mar argumentaba una supuesta vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa, además de la presunta afectación a los derechos al trabajo y la propiedad de los propietarios del restaurante.

Sin embargo, ambos tribunales rechazaron estos argumentos y declararon improcedente la solicitud. En su resolución, consideraron que el uso privado del baluarte Santo Domingo no podía prevalecer sobre el interés público, dado que el bien en cuestión es de uso público y su ocupación por parte de un establecimiento privado contraviene la legislación que regula el uso de bienes patrimoniales. El restaurante, en sus alegatos, había sostenido que su presencia en el baluarte no solo le había proporcionado beneficios económicos, sino que también contribuía al desarrollo turístico de la ciudad. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para cuestionar la decisión de desalojo.
Este fallo judicial plantea preguntas sobre el futuro de otros establecimientos que operan en áreas de alto valor histórico y cultural en Cartagena, como Las Bóvedas y otros puntos turísticos cercanos. Es posible que este caso marque un precedente importante para la revisión de contratos de arrendamiento de bienes públicos en la ciudad, especialmente aquellos que afectan áreas patrimoniales. El tribunal ha dejado claro que no se puede permitir la ocupación indefinida de estos lugares por parte de empresas privadas, a menos que se garantice que los contratos se ajusten estrictamente a la normativa sobre patrimonio público.
En este contexto, la Alcaldía de Cartagena ha señalado que se procederá con la recuperación total del espacio en el baluarte Santo Domingo, con la intención de garantizar su protección y un uso que beneficie a toda la ciudadanía. Las autoridades locales han reiterado que la recuperación de este espacio debe ser manejada con responsabilidad, asegurando que el baluarte pueda ser disfrutado por los ciudadanos y visitantes sin perder su valor histórico.
Aunque la sentencia ya ha sido ratificada por los tribunales locales, se espera que Café del Mar agote todas las instancias judiciales posibles, incluyendo la presentación de una nueva tutela ante la Corte Constitucional, con la esperanza de que esta instancia revise el caso en última instancia.
Así las cosas, el fallo judicial pone de manifiesto la tensión entre el interés público y los intereses privados en áreas patrimoniales, especialmente en un contexto tan turístico como el de Cartagena.
La sentencia podría ser un punto de inflexión para la regulación del uso de bienes públicos, ya que establece un precedente en el que el derecho a la propiedad privada debe ceder ante el derecho colectivo a disfrutar del patrimonio común.
Esto también abre el debate sobre la gestión de los espacios históricos y culturales, y cómo deben manejarse los contratos y concesiones que involucran bienes de esta naturaleza. Es fundamental encontrar un equilibrio que permita tanto la preservación del patrimonio como el fomento del turismo y la economía local.
Y.A.