Indudablemente la paz se constituye en uno de los más importantes anhelos históricos del pueblo colombiano, seguramente que esa fue una de las obsesiones de los constituyentes que intervinieron en la redacción de la actual Carta Magna, la misma que contiene un incólume aspecto, el que quedó condensado en su artículo 22 “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Nuestra Constitución está llamada a ser un tratado de paz entre los colombianos y al servicio de esa causa dedicaron una gran parte de sus esfuerzos los constituyentes que la redactaron, de ahí que ellos se hubieran empeñado en materializar ese ideal tan esquivo de la paz, en una artículo que lo objetivara en un derecho y al mismo tiempo en un deber de obligatorio cumplimiento.
No hay que negar que la historia política del país se ha desarrollado en medio de una permanente tensión la que siempre se ha mantenido entre la guerra y la búsqueda de la paz, una situación que se presenta desde el mismo origen de nuestro Estado Social de Derecho; no se puede negar que los conflictos y la violencia, siempre han sido los elementos constitutivos de la identidad de nuestra nación.
Tampoco hay que desconocer que el conflicto armado en Colombia se ha caracterizado por ser el más largo del mundo, el que ha dejado miles de víctimas a su paso y que la búsqueda de la paz ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos, el principal objetivo.
Las dificultades que implican más de 70 años de violencia en Colombia reclaman que las conversaciones avancen y comiencen a producir positivos resultados, ojalá se obtengan pronto, para evitar que ese esfuerzo también caiga en el descrédito que ha sepultado todos los intentos anteriores.
Es por eso que la meta de Colombia tiene que ser la Paz en el más riguroso sentido de lo esencial; la paz que además del abandono de las armas de los diferentes grupos, representa la construcción de una nación libre de factores que puedan exponerla a nuevas confrontaciones, de muerte y frustraciones; creemos que no hay causa más prioritaria para Colombia que un punto final al conflicto armado.
Sin lugar a dudas el marco jurídico contemplado en la Carta Magna y la ley, en lo relativo al desmonte de las organizaciones criminales en Colombia, han originado un gran debate.
