Cuatro exprocuradores generales expresaron su preocupación por la presunta utilización política de las superintendencias y la falta de respeto por la independencia de la Procuraduría en las investigaciones contra la Registraduría.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
En un momento de creciente tensión entre los órganos de control del Estado, cuatro exprocuradores generales de la Nación se pronunciaron en defensa de las competencias de la Procuraduría, haciendo énfasis en la necesidad de respetar su autonomía frente a lo que consideran una aparente intromisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Esta intervención surge a raíz de una investigación abierta en días recientes contra funcionarios de la Registraduría, la cual forma parte de las visitas realizadas en marzo para revisar posibles violaciones a la libre competencia en la contratación pública.
Alfonso Gómez Méndez, exprocurador general, fue claro en señalar que la actual administración estaría utilizando las superintendencias con fines de acoso hacia las entidades autónomas. Gómez Méndez hizo referencia al caso de Pegasus, en el que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) habría demostrado su dependencia directa del presidente Gustavo Petro, lo que genera dudas sobre la independencia de estas instituciones.
“Me parece que hay un acoso no solamente de todas las superintendencias. En el episodio de Pegasus quedó claro que UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) le rinde cuentas al presidente de la república. La superintendencia se están usando para eso”, afirmó Gómez Méndez, sugiriendo que la política del gobierno actual estaría buscando someter a las instituciones bajo su control.
Por otro lado, Alejandro Ordóñez, quien también ocupó el cargo de Procurador General, fue aún más contundente al señalar que el presidente Petro no tiene interés en los organismos de control. En su opinión, el mandatario estaría utilizando entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio para formar lo que calificó como una “policía política”, con el fin de intimidar tanto a funcionarios como a ciudadanos.
“No le gustan los controles pero sí se arroga competencias porque quieren construir y lo están logrando, una red de policía política del régimen para amedrantar a los funcionarios, para amedrantar a los ciudadanos, quieren eso y lo están logrando con la fiscalía y las superintendencias”, manifestó Ordóñez, acusando al gobierno de un abuso de poder para influir en las investigaciones.
Jaime Bernal Cuellar, también exprocurador, no dudó en señalar que la estrategia del gobierno estaría dirigida a proteger intereses políticos mediante el uso de la Superintendencia de Industria y Comercio. En su opinión, la Procuraduría es la única entidad facultada para investigar a los funcionarios públicos en términos disciplinarios. “Está utilizando la superintendencia para buscar sanciones para protegerse en determinado sentido. Para mí, la única competencia la tiene la Procuraduría General de la Nación”, destacó Bernal Cuellar.
Finalmente, Edgardo Maya, otro exprocurador general, lanzó una crítica al papel de estas entidades en lo que considera un intento por deslegitimar las acciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, especialmente en lo que respecta a la contratación pública para las elecciones de 2026.
“Están en la dirección de: yo hablé del régimen presidencial cumpliendo para teleológicamente o eventualmente comenzar a deslegitimar la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la contratación para el proceso electoral que se aviene en el 2026”, concluyó Maya, dejando en claro su preocupación por la utilización de las instituciones públicas con fines electorales.
Los exprocuradores coincidieron en que solo la Procuraduría General de la Nación tiene la competencia legal para adelantar este tipo de investigaciones, y pidieron un respetuoso reconocimiento a la independencia de los organismos de control del país. En su opinión, las superintendencias no deben usurpar el rol de la Procuraduría, sino colaborar dentro de sus competencias y dentro del marco de respeto a la división de poderes en el Estado.
La denuncia de estos exprocuradores genera un debate profundo sobre el equilibrio de poderes en Colombia y la autonomía de las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la justicia. Si bien la lucha contra la corrupción y el control de los procedimientos administrativos son fundamentales, la intervención de la superintendencia en investigaciones que, por ley, corresponden a la Procuraduría puede crear un precedente peligroso en el ámbito del control político.
Es necesario revisar hasta qué punto el uso de estas superintendencias está siendo instrumentalizado para fines políticos, lo que podría poner en peligro el ejercicio democrático y el derecho a la defensa de los funcionarios públicos.
Y.A.
