Iris Marín Ortiz expresó su preocupación por las implicaciones éticas y sociales de la medida, y destacó las cifras alarmantes de menores vinculados a grupos armados.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, alzó su voz frente a decisiones gubernamentales que generan polémica y controversia. En un reciente pronunciamiento, expresó su preocupación por la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz y denunció el aumento de casos de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia.
Marín fue enfática al recordar el papel histórico de estos actores, señalando que “estos exlíderes, responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado, fueron designados para colaborar en la construcción de paz y la garantía de no repetición, a pesar de su historial de reincidencia en actividades delictivas”. Según la defensora, esta decisión no solo plantea dudas éticas, sino que podría enviar un mensaje equivocado a quienes continúan perpetrando delitos graves en el país.
En su intervención, destacó que la construcción de una paz duradera no puede ignorar los derechos de las víctimas, ni mucho menos normalizar el desconocimiento de las responsabilidades de quienes han cometido crímenes atroces. “Si queremos que quienes hoy cometen crímenes dejen de hacerlo, debemos exigir el cumplimiento de los compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, subrayó.
Tres condiciones esenciales para la paz
Marín Ortiz planteó que para que los exparamilitares puedan desempeñar un papel legítimo como gestores de paz, deben cumplirse tres condiciones fundamentales:
- Reconocimiento de responsabilidades: Es imperativo que quienes ocupen estos roles acepten y reconozcan públicamente los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
- Supervisión y planes claros: Su trabajo debe estar enmarcado en un plan definido, con monitoreo constante para prevenir posibles desvíos hacia actividades delictivas.
- Compromiso con verdad y reparación: Los responsables deben garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas como pilares del proceso.
Reclutamiento infantil: una crisis persistente
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre el reclutamiento forzado de menores, una problemática que afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y mujeres jóvenes. Según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 282 casos de menores vinculados a grupos armados ilegales. De esta cifra, más del 50 % pertenece a comunidades indígenas y un 35 % son mujeres.
Estos números coinciden con un dato histórico alarmante: entre 1996 y 2016, más de 18.000 menores fueron reclutados y utilizados por las Farc. Entre las graves violaciones documentadas figuran abusos sexuales, particularmente contra niñas, y la explotación de menores en comunidades vulnerables.
Marín Ortiz subrayó que el país enfrenta un desafío monumental para erradicar estas prácticas, y enfatizó que los responsables deben responder ante la justicia transicional como parte de los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz.
En síntesis, el nombramiento de exjefes paramilitares como gestores de paz pone de manifiesto los dilemas éticos y prácticos que enfrenta Colombia en su búsqueda de una paz sostenible. Si bien es necesario integrar a antiguos actores del conflicto en los esfuerzos de reconciliación, es igual de crucial que el Estado garantice la transparencia y la rendición de cuentas. Este tipo de decisiones debe priorizar a las víctimas y evitar cualquier señal de impunidad que pueda erosionar la confianza en el proceso.
Por otro lado, el incremento del reclutamiento infantil subraya la urgencia de reforzar las medidas de prevención y protección en las comunidades más vulnerables. La paz no solo es la ausencia de guerra, sino la construcción activa de justicia y respeto por los derechos humanos, especialmente para las generaciones más jóvenes.
Y.A.
