
La oposición venezolana ha señalado al gobierno de Nicolás Maduro como responsable de la muerte del activista Jesús Manuel Martínez, quien fue testigo electoral durante los comicios del 28 de julio de este año. Según la dirigente opositora María Corina Machado, Martínez, quien sufría de diabetes y problemas cardíacos, fue detenido sin una orden judicial poco después de las elecciones, y llevado a un centro de reclusión en condiciones que habrían empeorado su estado de salud.
Machado reveló que, a pesar de los constantes pedidos de su madre, las autoridades negaron atención médica a Martínez durante varios meses. Finalmente, cuando fue trasladado al hospital Luis Razetti, los médicos decidieron amputarle ambas piernas debido a la necrosis que sufrió por la falta de tratamiento adecuado. Lamentablemente, el activista falleció durante la intervención quirúrgica.
Por su parte, Edmundo González, quien se postuló como opositor a Maduro en las elecciones, declaró que la muerte de Martínez no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de abusos por parte del régimen. González destacó que las graves lesiones de Martínez no fueron tratadas a tiempo, lo que resultó en la infección y la posterior amputación, mientras las autoridades se negaban a autorizar los estudios necesarios.
Este suceso ha renovado las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición, quienes denuncian que los comicios de julio estuvieron marcados por irregularidades. Según organizaciones de derechos humanos, al menos 1.848 personas fueron detenidas tras las elecciones, muchas de ellas bajo condiciones de abuso y sin acceso a atención legal o médica adecuada.
La tragedia de Martínez ha aumentado las críticas internacionales hacia el gobierno de Maduro, especialmente por las persistentes denuncias de violaciones de derechos humanos y el trato inhumano a los opositores y detenidos políticos. La oposición continúa exigiendo justicia por su muerte y la de otros activistas que han sido víctimas de la represión del régimen.