Por: Redacción Web
La Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena ha ordenado el archivo definitivo de una investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Gobernación del Magdalena, tras concluir que no existía suficiente evidencia para respaldar las acusaciones de presuntas irregularidades en un contrato celebrado durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Los funcionarios implicados, Jenny Camacho Neuto, Crispín Pavajeu Villazón y Eduardo Brito Salas, enfrentaban cuestionamientos relacionados con posibles sobrecostos y la presunta falta de cumplimiento de requisitos legales en la contratación.
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN: CONTRATO DURANTE LA PANDEMIA
La investigación se inició de oficio el 7 de mayo de 2020, en medio de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno colombiano debido a la pandemia de COVID-19. En ese contexto, la Gobernación del Magdalena suscribió el contrato N°0082 el 3 de marzo de 2020 con la contratista Catherine Juvinao Clavijo, por un valor de $60.000.000 y con una duración inicial de seis meses. El contrato tenía el objetivo de brindar apoyo en la gestión e implementación de planes de pautas y publicidad en medios nacionales.
Posteriormente, el abogado Julián Quintana denunció públicamente la contratación, señalando a la gobernadora Carlos Caicedo y a Catherine Juvinao de irregularidades.
Quintana argumentó que el contrato representaba un caso de «nómina paralela», al haber sido otorgado sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales, y presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Su denuncia motivó la apertura de la investigación disciplinaria.
ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
En una primera fase, el despacho comisionó a la abogada Doralis Madelein Campo Torregroza para verificar si la conducta denunciada constituía una falta disciplinaria. Se solicitaron copias del contrato, del manual de contratación de la Gobernación, y de los documentos relacionados con la gestión de Juvinao, así como un listado del personal de comunicaciones vinculado a la Gobernación entre enero y diciembre de 2020. Además, se llevaron a cabo entrevistas y se recopilaron informes de varias dependencias, incluyendo la Oficina de Talento Humano y la Secretaría de Hacienda.
La Procuraduría Regional del Magdalena también solicitó documentos adicionales que detallaran los roles de los funcionarios Jenny Camacho Neuto y Eduardo Brito, quienes fueron responsables de la suscripción del contrato y de estudios precontractuales, respectivamente.
PRINCIPALES HALLAZGOS: NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR CARGOS
Tras un análisis exhaustivo del material probatorio, la Procuraduría determinó que, si bien hubo cuestionamientos en torno a la legalidad del contrato y el fenómeno de la «nómina paralela», las pruebas recopiladas no respaldaban de forma concluyente las acusaciones. En particular, el despacho concluyó que:
- No se evidenció sobrecosto en el contrato: Según las normas aplicables, incluyendo la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, el valor del contrato se ajustaba a los límites permitidos y no superaba la remuneración mensual del gobernador de la época.
- No se confirmó la existencia de una nómina paralela: La Procuraduría no halló documentos que evidenciaran una contratación paralela o fuera de los estándares legales de la Gobernación.
- No existió objeto contractual ilícito: El análisis de los documentos y el marco contractual de la época no mostró elementos suficientes para clasificar el contrato como ilícito.
Además, la Procuraduría mencionó que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales se abstuvo de realizar una pericia técnica, al considerar que no correspondía a su función evaluar si los disciplinados incurrieron en un delito.
RESOLUCIÓN FINAL: ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCESO
El 15 de febrero de 2022, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dispuso el archivo inicial del expediente relacionado con Carlos Caicedo. Posteriormente, el despacho evaluó la evidencia en torno a Camacho Neuto y Brito, pero al no encontrar pruebas concluyentes, ordenó también el archivo definitivo de la investigación contra ellos. En la resolución final, se menciona que la falta de pruebas para sustentar una conducta disciplinaria impide continuar con el proceso o formular cargos.
NOTIFICACIÓN Y POSIBILIDAD DE APELACIÓN
La Procuradora Regional de Instrucción del Magdalena, Wendy Yuranis Torres Berdugo, dispuso que la resolución de archivo se notificara personalmente a los sujetos procesales, quienes tendrán un plazo de cinco días para apelar. Aunque la decisión señala que no existían elementos suficientes para proceder disciplinariamente, los implicados podrían presentar sus recursos ante la Procuraduría Delegada de Instrucción para la Vigilancia Administrativa.
Con esta decisión, la Procuraduría da por finalizado un proceso que surgió en medio de la emergencia sanitaria y que apuntaba a esclarecer posibles irregularidades en la contratación pública en el Magdalena.
https://es.scribd.com/document/792048723/Auto-de-Archivo-Definitivo-282717
M.S.
