Durante la revisión periódica ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno de Nicaragua negó este miércoles las acusaciones de violaciones de derechos humanos presentadas por varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Colombia. A pesar de las críticas recibidas, el gobierno no propuso ninguna medida para resolver la situación de cientos de nicaragüenses a quienes se les ha retirado la nacionalidad.
La participación de Nicaragua en esta revisión fue influenciada por la presión de naciones con afinidades ideológicas, a pesar de la negativa inicial del gobierno nicaragüense a someterse al escrutinio del Consejo.
Durante su intervención, representantes de la Procuraduría General negaron las restricciones al derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y de información. Justificaron el cierre de miles de organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, así como la retirada de la nacionalidad a ciudadanos considerados “traidores a la patria”.
Jeanette García, procuradora nacional de la propiedad, declaró por videoconferencia que Nicaragua no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, argumentando que el organismo carece de “imparcialidad”. También afirmó que no hay censura en el país, a pesar del cierre de medios de comunicación independientes y del exilio forzado de periodistas.
Ante las críticas por el cierre de 27 universidades y más de 5.300 ONG, las autoridades justificaron estas medidas alegando “falta de calidad” en las instituciones educativas y la recepción de fondos destinados a “desestabilizar” el país por parte de las organizaciones.
Reacciones internacionales y solicitudes de países
España denunció la represión sistemática contra la oposición política y la violación del derecho a la libertad religiosa, ofreciendo la nacionalidad española a los afectados por la retirada de ciudadanía. Estados Unidos, por su parte, exigió la liberación de los detenidos arbitrariamente y acusó al gobierno de Daniel Ortega de realizar “represión transnacional” contra activistas y expresos políticos en el extranjero.
La procuradora Carmen Soledad Rodríguez desestimó las acusaciones de Estados Unidos sobre el uso de grupos parapoliciales en la represión, alegando que solo la Policía Nacional ha intervenido para mantener el orden, con apoyo temporal de “policías voluntarios” como auxiliares.
Países como México, Panamá, Argentina y Chile solicitaron al gobierno de Nicaragua que restituya la nacionalidad a los afectados, revierta la cancelación de las ONG y colabore nuevamente con los mecanismos de derechos humanos de la región y de la ONU. Brasil exigió investigaciones sobre la violencia contra minorías, incluyendo a indígenas y afrodescendientes, mientras que Colombia expresó su preocupación por el deterioro del estado de los derechos humanos y la reducción del espacio para la participación política en el país.
