Exlíderes de la guerrilla enfrentan cargos por crímenes de guerra relacionados con el uso de niños y niñas en el conflicto armado.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una imputación formal contra seis exintegrantes del secretariado de las Farc, acusándolos de crímenes de guerra por el reclutamiento y utilización de menores de edad durante el conflicto armado colombiano.
Esta decisión, que representa un paso importante en la búsqueda de justicia, subraya la responsabilidad de estos líderes en una de las prácticas más condenables de la guerrilla.
En su pronunciamiento, la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, señaló que «la JEP imputa a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados».
Estos cargos se enfocan en crímenes graves que implican la macro criminalidad y la responsabilidad de los exlíderes de las Farc-EP en la instrumentalización de menores.
El informe de la JEP indica que entre 1971 y 2016, la guerrilla de las Farc reclutó a al menos 18.677 niños y niñas, concentrándose la mayoría de estos hechos entre 1996 y 2016.
La Sala destacó que los exmiembros del secretariado imputados —Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo— participaron activamente en la toma de decisiones estratégicas de la guerrilla, lo que los convierte en los máximos responsables de esta práctica.
Según el tribunal, los imputados eran responsables de definir políticas internas de la organización y de guiar a los diferentes frentes y bloques de las Farc en la implementación de estas estrategias, incluyendo la incorporación de menores a las filas del grupo armado.
«La Sala encontró que los seis comparecientes cuya responsabilidad se individualiza en esta decisión tuvieron el liderazgo de las antiguas Farc-EP y participaron en las conferencias nacionales guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla”, agregó la magistrada Rueda.
Esta declaración destaca cómo las decisiones del alto mando se tradujeron en instrucciones específicas a sus subordinados en el campo, quienes llevaron a cabo estas políticas.
Además, la JEP identificó que los imputados, en su rol de líderes de la organización, no tomaron medidas efectivas para prevenir el reclutamiento de menores ni evitar su participación en el conflicto.
«Como integrantes del último secretariado tuvieron la tarea de guiar la implementación de esas políticas en toda la organización —en su capacidad como coordinadores y comandantes de los bloques— y conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir”, afirmó la magistrada.
Es importante señalar que, de todos los miembros del último secretariado de las Farc, Rodrigo Granda no fue incluido en esta imputación.
La JEP concluyó que Granda no tuvo participación activa en las decisiones o implementaciones de las políticas sobre la incorporación de menores ni en la regulación de la vida dentro de las filas guerrilleras.
“Ni en la regulación de la vida intrafilas, el compareciente fue suplente del Secretariado, no miembro permanente”, explicó la Sala, argumentando que su rol era suplente y no miembro permanente.
Este proceso de imputación es un paso clave en la rendición de cuentas y la justicia transicional en Colombia, buscando establecer las responsabilidades individuales y colectivas en las graves violaciones a los derechos de los menores durante el conflicto.
La identificación de los responsables permite vislumbrar una reparación para las víctimas y sus familias, y una reconciliación que pueda sanar las profundas heridas causadas por décadas de conflicto.
