Irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar de Córdoba serán debatidas en la Asamblea Departamental

El próximo 19 de noviembre, a las 9:00 a.m., la Asamblea Departamental de Córdoba será escenario de un debate de control político para investigar posibles irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El evento, liderado por el diputado Gabriel Calle Aguas, busca exponer fallos en la contratación y ejecución del programa, cuyos contratos superan los 80.000 millones de pesos.

Durante la sesión se presentarán evidencias documentales, fotográficas y testimoniales sobre anomalías que incluyen el suministro de alimentos en mal estado y problemas en la planeación del programa. También se señalará la concentración de contratos en un único operador durante los últimos tres gobiernos departamentales, así como inconsistencias entre el número de estudiantes proyectados y las raciones efectivamente entregadas, lo que podría haber generado un detrimento patrimonial.

Otro punto a tratar será la situación de las manipuladoras de alimentos, quienes han denunciado la falta de equipo adecuado para el manejo de alimentos y el incumplimiento en el pago de sus prestaciones sociales.

El contrato del PAE para 2024 alcanzó los 86.000 millones de pesos, tras varias ampliaciones presupuestales al contrato original de 37.000 millones. La administración departamental ha sido citada como único funcionario público presente, y se espera la asistencia de contratistas, docentes, padres de familia y representantes de Fecode.

El debate abordará también las diferencias entre lo acordado en las minutas contractuales y los alimentos entregados, incluyendo casos de distribución de productos crudos o en mal estado.

El objetivo de esta citación es identificar posibles responsabilidades en la gestión del PAE, especialmente en las zonas más vulnerables del departamento, donde este programa representa la principal fuente de alimentación para muchos estudiantes.

Los resultados del debate serán remitidos a las entidades de control para que se adelanten investigaciones fiscales, disciplinarias y penales, con el fin de garantizar la transparencia y la correcta implementación del programa en beneficio de los niños y jóvenes de Córdoba.