El impacto económico de la criminalidad y la violencia representa el 3,64% del PIB, afectando tanto al sector público como al privado.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
Un reciente informe de Fedesarrollo, elaborado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha revelado el alto costo que el crimen y la violencia imponen a Colombia. Con un impacto equivalente al 3,64% del Producto Interno Bruto (PIB), estos problemas le cuestan al país alrededor de $68 billones cada año, una suma que afecta tanto la economía como el desarrollo social y que podría ser invertida en otros sectores claves.
A nivel regional, el análisis de Fedesarrollo revela que en los 22 países evaluados, los costos directos asociados al crimen y la violencia representan el 3,44% del PIB, pero Colombia se sitúa por encima de la media, con una cifra aún mayor que subraya la severidad de la situación. Según el informe, una parte significativa de estos costos está relacionada con la pérdida de capital humano y la disminución de la productividad que surge tanto por homicidios como por delitos no letales y la privación de libertad de los delincuentes, representando en conjunto un 0,88% del PIB.
“El crimen no solo representa una pérdida de capital humano, sino que también impone una carga económica severa sobre el desarrollo del país. Estos costos son recursos que podrían destinarse a mejorar el sistema educativo, la innovación o la infraestructura, pilares fundamentales para aumentar el crecimiento económico”, explicó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.
La pérdida de vidas y la inserción de personas en el sistema penitenciario, según el análisis, tienen un impacto directo en la capacidad productiva del país, generando una disminución económica que afecta de manera profunda a la nación.
Además, el informe destaca que el Estado colombiano destina una parte considerable de sus recursos a las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Si bien estas son inversiones necesarias para combatir el crimen, limitan la capacidad de gasto en otras áreas prioritarias, como la educación y la salud.
De igual forma, la situación genera una carga adicional para el sector privado, el cual se ve en la necesidad de invertir en medidas de seguridad como vigilancia privada y sistemas de protección, representando un costo adicional de 1,76% del PIB. Esto, en última instancia, reduce la capacidad de innovación y crecimiento de las empresas colombianas.
A nivel regional, Colombia se encuentra en el octavo lugar en términos de costos totales de crimen y violencia como porcentaje del PIB y ocupa el séptimo lugar en costos asociados al capital humano. Estos datos subrayan la posición vulnerable del país dentro de América Latina y evidencian la urgencia de medidas efectivas que permitan reducir la carga económica de la criminalidad.
La situación expuesta por Fedesarrollo destaca una realidad preocupante para Colombia: el impacto del crimen y la violencia en la economía no es solo una cuestión de seguridad, sino de desarrollo social y económico. La necesidad de políticas públicas efectivas y una inversión en seguridad preventiva resulta más evidente que nunca.
Es urgente reducir los costos asociados a la criminalidad para redirigir esos recursos hacia la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento del sistema educativo y de salud, áreas fundamentales para promover un crecimiento sostenible en el país.
Y.A.
