Monómeros, la principal productora de fertilizantes de Colombia y una de las compañías más relevantes para la agricultura en la región andina, podría estar en proceso de ser vendida a una empresa turca por un monto cercano a los 350 millones de dólares. La posible transacción ocurre en medio de una crisis operativa y financiera que ha afectado gravemente a la empresa, fundada en 1967 por los gobiernos de Colombia y Venezuela.
Desde 2006, Monómeros ha estado bajo control de Venezuela, a través de la estatal Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven). Sin embargo, la falta de suministros de materia prima desde Venezuela y la creciente dificultad para financiar su operación han mermado la capacidad de producción de la empresa. A pesar de su situación, Monómeros sigue siendo esencial para la agricultura de ambos países, suministrando fertilizantes cruciales para el sector agropecuario.
Dificultades operativas y financieras
Según fuentes cercanas a la empresa, la producción de Monómeros actualmente se destina casi en su totalidad a la compra de materia prima, ya que no recibe insumos de Venezuela desde hace años. Esta situación ha limitado su capacidad de operar de manera eficiente y ha obligado a la empresa a depender de importaciones para mantenerse en funcionamiento.
En términos financieros, Monómeros ha intentado acceder a financiamiento a través de la banca estatal colombiana en los últimos dos años, pero sin éxito. A pesar de tener activos por 1.48 billones de pesos colombianos y una ganancia neta de 1.085 millones de pesos a finales de 2023, la empresa enfrenta dificultades para mantenerse a flote en un mercado altamente competitivo.
La posible venta de Monómeros se desarrolla en un contexto político complicado. La situación en Venezuela, con la crisis interna y la incertidumbre sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, plantea dudas sobre el futuro de la empresa. Si Maduro pierde su legitimidad como presidente de Venezuela en enero de 2024, la transacción podría verse afectada, complicando aún más la situación.
Además, las sanciones impuestas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) de Estados Unidos a empresas venezolanas han añadido un nivel de complejidad adicional a las negociaciones. La venta de Monómeros a una empresa extranjera, en especial a una firma turca, podría generar nuevas tensiones en las relaciones internacionales.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha expresado su firme oposición a la privatización de Monómeros. Petro sostiene que la venta de la empresa podría elevar los costos de los insumos agrícolas, lo que afectaría la productividad de las tierras y pondría en riesgo la soberanía alimentaria tanto de Colombia como de Venezuela. En una carta dirigida a Nicolás Maduro, el mandatario colombiano resaltó que Monómeros es fundamental para garantizar el sustento de miles de familias en la región.
Por su parte, el exministro de Agricultura de Colombia, Andrés Valencia, argumentó que la privatización de Monómeros no tendría un impacto negativo significativo para los productores agrícolas, señalando que el mercado de fertilizantes está dominado por empresas privadas que podrían ofrecer precios más competitivos y mejorar la eficiencia operativa de la empresa.
En Venezuela, algunos sectores han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de Monómeros y la posible venta de activos estratégicos del Estado a intereses privados. Estas inquietudes reflejan el clima de incertidumbre que se vive en el país, donde la crisis económica y la escasez de recursos han generado desconfianza en las decisiones del gobierno.
Un futuro incierto
La venta de Monómeros está generando una gran incertidumbre en el sector agrícola de Colombia y Venezuela. La empresa sigue siendo una pieza clave en la producción de fertilizantes, esencial para la agricultura en la región. Sin embargo, su futuro está marcado por una serie de desafíos económicos, políticos y sociales que podrían cambiar radicalmente la estructura del mercado de fertilizantes en América Latina.
Mientras tanto, las negociaciones continúan bajo un clima de alta tensión política, con miras a una resolución que podría tener un impacto significativo en la soberanía alimentaria y la competitividad en el sector agrícola de ambos países.
