La situación en Chocó se agrava por el bloqueo armado, cerca de 45 mil personas están en riesgo.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta urgente instando al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a revocar un bloqueo armado indefinido impuesto desde la madrugada de este sábado en el departamento de Chocó. Este bloqueo, que ya se configura como el tercero en menos de diez meses, representa una amenaza directa para las comunidades de la región, afectando a más de 45 mil personas.
Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, se pronunció al respecto, resaltando que el bloqueo implica restricciones en tres importantes ríos de la región: San Juan, Sipi y Cajón. Estas arterias fluviales son esenciales para la movilidad y el sustento de las comunidades, por lo que el cierre de acceso a estos ríos tiene un impacto devastador en la vida cotidiana y en la supervivencia de quienes habitan la zona.
«Le hacemos un llamado contundente al ELN, para que revoque el paro armado indefinido anunciado a partir de este 9 de noviembre, que afectará gravemente a las comunidades», subrayó la defensora Marín. Esta advertencia refleja el profundo malestar de las autoridades ante una situación que impide el tránsito de bienes básicos y obstaculiza la llegada de asistencia.
La defensora alertó además sobre las consecuencias que el bloqueo tendrá en 85 comunidades afrodescendientes, muchas de las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a las emergencias por las fuertes lluvias que afectan al departamento. Con un estimado de 7.500 personas afectadas por las inundaciones, el bloqueo complica aún más la respuesta a la crisis humanitaria, ya que impide la movilidad de organismos de socorro que necesitan acceso a estas zonas para brindar ayuda oportuna.
«Los organismos de socorro requieren movilizarse en la zona para atender las emergencias y el paro armado impedirá que las comunidades reciban dicho apoyo», agregó Marín, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad urgente de garantizar la libre circulación en la región.
La funcionaria también se dirigió al ELN en términos de coherencia y responsabilidad, recordándoles su compromiso con el respeto a los derechos de las comunidades. La insistencia en un discurso conciliador por parte del ELN, según Marín, debe reflejarse en acciones que demuestren un respeto genuino hacia las poblaciones afectadas por sus acciones. Por ahora, las autoridades han redoblado esfuerzos de vigilancia y se mantienen en alerta máxima para enfrentar las posibles acciones criminales derivadas del bloqueo.
Así las cosas, el bloqueo armado en Chocó representa una crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta no solo la seguridad, sino también el bienestar básico de miles de personas. Esta medida del ELN pone en entredicho la voluntad de diálogo del grupo armado, generando un dilema para el Estado colombiano, que debe garantizar la seguridad sin escalar el conflicto.
Las comunidades locales están atrapadas en una situación de doble vulnerabilidad: los estragos de las lluvias y la restricción de movimientos impuesta por el paro armado. Es urgente que se llegue a una resolución pacífica que permita la entrada de ayuda humanitaria y garantice el respeto por los derechos de estas comunidades.
