El expresidente subraya la importancia de la tecnología en el combate contra el crimen y la violencia, mientras el Congreso investiga posibles irregularidades en la compra del software Pegasus.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
En el contexto de las recientes revelaciones sobre la financiación presuntamente facilitada por el Gobierno de Estados Unidos para adquirir el software de espionaje Pegasus en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe ha emitido una declaración que generó un intenso debate en la esfera pública.
Uribe, quien se ha mostrado a favor del uso de esta tecnología, aseguró que “se necesitan más Pegasus” para enfrentar los desafíos de seguridad de cara a 2026, año en el que Colombia elegirá un nuevo Gobierno y renovará el Congreso de la República. «La paz sin seguridad no resulta y fracasan ambas», afirmó, resaltando su visión de que la seguridad es una pieza fundamental para el éxito de los esfuerzos de paz en el país.
El exmandatario hizo hincapié en la importancia de fortalecer las capacidades de inteligencia y vigilancia del país para enfrentar eficazmente a los grupos armados ilegales y la delincuencia. Estos, en su opinión, representan grandes obstáculos para alcanzar una paz duradera en Colombia. Para él, resulta imperativo que el Estado colombiano cuente con los recursos necesarios para combatir las amenazas de manera contundente.
Uribe enfatizó que la seguridad debe ser la prioridad y, en ese sentido, recalcó la necesidad de contar con el respaldo de la Fuerza Pública y la cooperación internacional para enfrentar los desafíos de criminalidad en el país. «Hay que prepararse para que el país tenga seguridad. Lo primero es determinación, lo segundo el apoyo y el afecto a la Fuerza Pública», expresó.
Además, insistió en la importancia de contar con herramientas avanzadas de vigilancia bajo un estricto control estatal: «Ojalá la tecnología más avanzada, más Pegasus que se usen bajo responsabilidad del Estado Colombiano», sostuvo.
Este pronunciamiento de Uribe se produce en un contexto de creciente escrutinio en torno a la adquisición de Pegasus, que ha sido tema de discusión en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. La adquisición de este software ha levantado preocupaciones sobre su uso y sobre los protocolos de seguridad implementados en su compra y gestión.
En la última sesión de la comisión, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, comentó que no existen registros oficiales en los sistemas de inteligencia militar sobre la adquisición de Pegasus. «Es una operación que se hace sin dejar registros o adulterando registros (…) En los inventarios de los organismos de inteligencia, no hay ningún software Pegasus registrado», explicó Velásquez, dejando en el aire la posibilidad de que se hayan alterado los registros oficiales o de que la adquisición se haya realizado sin el debido control documental.
La Comisión de Inteligencia está centrada en analizar si hubo irregularidades en la compra y administración del software, que según las denuncias, habría sido usado para interceptaciones de comunicaciones en territorio colombiano sin la debida supervisión.
Para el ministro Velásquez, el hecho de que “hubo un Pegasus, cuya licencia tuvo que haber sido renovada porque esto no tiene una duración indefinida” indica que, aunque no haya pruebas en los registros oficiales, el software fue operado en el país y requería un proceso constante de actualización.
Ante esta situación, el Congreso de la República ha anunciado que en las próximas semanas llevará a cabo una sesión especial para avanzar en las investigaciones relacionadas con este tema. Los legisladores buscan esclarecer los detalles sobre la compra y el uso del software, con el fin de evaluar la legalidad de las acciones y garantizar que el uso de estas herramientas se rija bajo un marco de transparencia y respeto a los derechos humanos.
En síntesis, la controversia sobre el uso de Pegasus en Colombia plantea profundas interrogantes sobre los límites de la vigilancia en un Estado democrático y sobre la necesidad de implementar controles efectivos en el uso de herramientas tecnológicas tan invasivas.
La postura de Uribe evidencia una apuesta por la tecnología como instrumento de seguridad, pero también plantea el reto de equilibrar el uso de estos recursos con la protección de las libertades individuales. A medida que el Congreso avanza en sus investigaciones, la opinión pública está atenta a los resultados de este caso que podría redefinir el rol de la inteligencia estatal en el país.
Y.A.
