La reciente socialización de la contribución de valorización en Juan de Acosta se suma a una serie de intentos fallidos en el Atlántico, debido a la escasa asistencia ciudadana y las crecientes críticas hacia el manejo de recursos en logística.
El líder y abogado costero Juan David Rojas calificó el evento como un “despilfarro” de dinero en atenciones, señalando que se está priorizando la logística y los refrigerios sobre lo esencial: lograr la participación de la comunidad. “La asistencia sigue siendo baja porque estas reuniones se están realizando en horarios en los que la mayoría de las personas están trabajando. Lo que debería ser un proceso de transparencia y socialización está siendo inefectivo y costoso”, aseguró Rojas.
Rojas destacó que, además de ser una medida inconstitucional, esta contribución afecta de manera desproporcionada a los habitantes de municipios como Juan de Acosta, donde predominan campesinos y pequeños empresarios del sector turístico. “En Juan de Acosta, tenemos 7,029 predios en la zona de influencia, de los cuales solo 288 estarían exentos bajo el régimen del Sisben. ¿Cómo puede ser posible que, en una comunidad como la nuestra, tan pocos queden exentos?”, cuestionó el abogado, subrayando el impacto negativo en la economía local.
En un llamado a la unión, Rojas expresó que es necesario que “todos los abogados, líderes y gobernantes nos unamos para respaldar el progreso de nuestra región y no dejar que se frene”. En sus palabras, la contribución de valorización debería basarse en un análisis objetivo del beneficio real en los predios afectados: “La ley establece que este tipo de cobros deben reflejar un aumento cuantificable en el valor de los predios beneficiados. En cambio, el estudio presentado ha sido un análisis superficial, de palabra más que de cifras, lo cual no demuestra un beneficio tangible en nuestros municipios”.
Rojas manifestó su respaldo a las demandas de nulidad impulsadas por otros ciudadanos en el Atlántico y Bolívar, así como a las demandas ante la Corte Constitucional, en la esperanza de que estas acciones logren proteger a la comunidad de un cobro que, según él, frena el desarrollo regional en lugar de impulsarlo. “Defender el progreso de nuestros municipios y garantizar la justicia para nuestros ciudadanos es fundamental para el futuro de nuestra región”, concluyó.
