En 2023, 871 personas murieron a manos de la policía en Río de Janeiro, una cifra que revela un promedio de una muerte cada 11 horas, según el último informe de la Red de Observatorios de Seguridad. La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes y negros, lo que muestra un patrón de violencia policial en la región.
El informe, titulado «Objetivo piel: muertes que revelan un patrón», indica que el 98% de las víctimas eran hombres, el 86,9% eran personas de raza negra y 403 de ellas tenían entre 12 y 29 años. Este documento, que se publica por quinta vez, destaca que es la primera ocasión en que Río de Janeiro cierra el año con menos de mil muertes por violencia policial, frente a las más de 1,800 reportadas en 2019.
La Red de Observatorios de Seguridad atribuye la reducción de muertes a un cambio en la política de seguridad a nivel nacional, que ha transitado hacia una visión más progresista desde la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia en enero de 2023. Aunque la seguridad pública es competencia de los estados, el gobernador conservador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ha reforzado el control sobre las fuerzas policiales en un intento de mejorar las relaciones con el gobierno federal.
No obstante, el informe advierte que la disminución de muertes no necesariamente representa una mejora en la seguridad pública, y hace un llamado a implementar políticas que prioricen el bienestar y la seguridad de las personas, en particular de las comunidades más afectadas por la violencia.
El informe también señala un aumento de casi el 22% en las muertes causadas por la policía en São Paulo, el estado más poblado del país. En 2023, se registraron 510 muertes en esta región, de las cuales el 66% correspondía a personas negras y el 52% a jóvenes de entre 12 y 29 años. Las organizaciones atribuyen este incremento a la reducción de programas de prevención, como el uso de cámaras corporales, bajo la administración de Tarcísio de Freitas, gobernador conservador desde 2023.
Silvia Ramos, coordinadora de la Red, destacó que muchas de las muertes son justificadas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, y subrayó la importancia de estos datos para promover un debate público sobre el racismo en la seguridad. Los datos del informe fueron recopilados a través de la Ley de Acceso a la Información en nueve estados, incluidos Amazonas, Bahía, y Maranhão, además de Río de Janeiro y São Paulo.
