Con el homicidio del personero de Cumbitara, Nariño, llegan a ocho los personeros asesinados desde 2008.
La Procuraduría General de la Nación repudia el crimen de Jimmy Rosero Chávez, personero del municipio de Cumbitara, Nariño, ocurrido en las últimas horas tras ser secuestrado por sujetos armados sin identificar en la vereda Las Piedras, donde tiene injerencia el frente Franco Benavides, de las disidencias de las FARC.
El Ente de Control ha alertado sobre las afectaciones y riesgos contra la vida e integridad de las comunidades, líderes del territorio y defensores de derechos humanos como consecuencia del accionar delictivo de los grupos armados ilegales, especialmente en la región del pacífico, que concentra cerca del 70% de las afectaciones humanitarias en lo corrido del 2024.
La Procuraduría ha podido conocer que entre enero y junio de 2024, 110 personeros municipales reportaron escenarios de riesgo en su contra, registros que podrían ser aún más alarmantes al considerar que no todos los casos son denunciados por el temor a represalias y la desconfianza en los mecanismos de protección. Con el homicidio de Rosero Chávez, llegan a ocho los personeros asesinados desde 2008.
La Procuraduría reitera el contenido de la Directiva N° 005 de 2024, en la cual se reconoce el rol de los servidores públicos y contratistas como defensores de derechos humanos y se establecen recomendaciones y exhortos al Gobierno Nacional, entidades territoriales y organismos de seguridad para la creación de herramientas, políticas y rutas de protección especializadas.
Requerimos con urgencia una acción contundente del Gobierno nacional, en la que instancias como el Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Protección, los organismos de seguridad y las entidades territoriales adopten las acciones necesarias para garantizar los derechos de estas personas, dirijan sus capacidades hacia el territorio y protejan el mandato misional de las personerías municipales, parte integral del Ministerio Publico de la que forman parte la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación.
Desde los territorios, la Procuraduría continuará su labor preventiva dirigida a visibilizar las dinámicas de afectación en sus áreas rurales y urbanas, en articulación con las 1.103 personerías municipales del país, en su deber de protección y garantía de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional.
