La corrupción y la disparidad en los fallos del Consejo de Estado evidencian un sistema donde los juegos de poder prevalecen sobre la justicia y la claridad en el ejercicio disciplinario.
Por: Unidad Investigativa.
La reciente decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de revocar 10 fallos de la Sección Segunda, los cuales invalidaban sanciones de la Procuraduría General de la Nación contra varios funcionarios elegidos popularmente, vuelve a poner sobre la mesa la falta de coherencia en los tribunales más altos del país.
En una serie de decisiones que parecen enredadas en el entrecruce de intereses institucionales y personales, el Consejo de Estado ha dejado expuesto no solo un sistema de justicia que se contradice a sí mismo, sino también una preocupante injerencia de poderes en un ámbito que debería estar exento de influencias políticas.
El ente de control ha defendido su derecho a sancionar a funcionarios electos a pesar de los límites impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su reciente decisión, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, la Sección Quinta ordenó a la Sección Segunda revocar las sentencias que eximían de sanción a varios exalcaldes y congresistas, incluyendo al exalcalde de Oporapa, Huila, Yamid Sterling Sánchez.
Según la Procuraduría, el fallo de la Sección Segunda que aplicaba la jurisprudencia de la CIDH era una “infracción directa de la Constitución” y un “error sustantivo”, ya que elevaba una norma internacional por encima de la legislación colombiana.
Falta de unidad en el Consejo de Estado
Las decisiones de la Sección Segunda habían sido tomadas en respaldo a los sancionados, quienes argumentaban que la CIDH, en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sentó un precedente al señalar que solo los jueces penales pueden inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular.
No obstante, la Sección Quinta revocó estas sentencias y ordenó a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda emitir nuevos fallos en un plazo de 30 días, reconociendo que la Procuraduría sí tenía facultad disciplinaria en estos casos.
Este juego de contradicciones revela una falta de unidad en el Consejo de Estado, y abre la puerta a un preocupante escenario donde la injerencia política parece infiltrarse en las decisiones judiciales.
Para el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, la utilización de la tutela para revertir las decisiones de la Sección Segunda es un abuso del recurso, como expresó en medios nacionales. Sin embargo, este tipo de afirmaciones subraya la carencia de una posición sólida y coherente dentro de la corporación.
La corrupción como telón de fondo en la justicia disciplinaria
En el caso del exalcalde de Oporapa, Yamid Sterling Sánchez, quien había logrado inicialmente que su sanción de inhabilidad de 13 años fuera anulada por la Sección Segunda, la nueva decisión revalida su destitución, acusándolo de conflicto de intereses por haber vendido un lote de propiedad del municipio a su hermano.
Sin embargo, la falta de coherencia en las decisiones entre las distintas secciones del Consejo de Estado genera incertidumbre y una percepción de parcialidad, lo que debilita la confianza en la justicia y deja en evidencia la sospecha de que ciertos actores dentro del sistema judicial actúan con agendas propias.
La necesidad de reformas en el sistema disciplinario colombiano
El conflicto actual dentro del Consejo de Estado y su relación con la Procuraduría evidencia la urgencia de reformas que fortalezcan la imparcialidad y coherencia en las decisiones disciplinarias. La contradicción entre los tribunales sobre la competencia de la Procuraduría refleja, además, el impacto negativo de la corrupción y las influencias externas en el sistema judicial.
Sin una posición unificada, la aplicación de la justicia se convierte en un juego de poder donde intereses y agendas personales pesan más que la integridad judicial.
Este caso no solo expone un vacío en la normativa colombiana, sino que invita a la sociedad a cuestionar la transparencia de los organismos encargados de la vigilancia y control de la función pública.
Los recientes acontecimientos dejan claro que la falta de coherencia en las altas cortes colombianas profundiza la crisis de confianza ciudadana en las instituciones y evidencia un sistema que necesita cambios profundos y urgentes.
