Por: Orlando Andrade Gallardo
Así tituló una revista especializada en economía, pero perdió su rumbo, los debates en el Congreso de la República en el gobierno de la ‘Seguridad Democrática’ determinando que las transferencias a las regiones eran demasiadas altas y redujo $50 billones, dejando a jóvenes sin estudios y huérfanos de la salud a cientos de miles de colombianos. Los altos funcionarios del gobierno incluyendo la directora del Departamento Nacional de Planeación de la época, argumentaron que de no aprobarse la reforma bajando los aportes del Sistema General de Participación SGP, el déficit fiscal aumentaría del 2,1% al 3,6 y el endeudamiento en los próximos años a 46%, lo que sería insostenible, en el gobierno 2018-22 aumentó a 62% y el ministro Bonilla lo está toreando. El proyecto de reforma fue aprobado por el Congreso, por contar con las mayorías de congresistas arrodillados y con mermelada abordo, sin analizar que retrocedían en el proceso de descentralización. No olvidemos que en esa misma administración fue aprobada la reforma laboral, cercenando derechos de los trabajadores conquistados con dolor y sangre; como el justo pago de horas extras, reconocimiento por laborar feriados y contratos a términos indefinidos, entre otras prestaciones y aun sus promotores se consideran líderes sociales, hablando de vulnerabilidad, equidad y hambre poblacional.
El nuevo round para lograr reivindicaciones de los territorios en materia del SGP, del 21% al 39,5 es una propuesta planteada por el gobierno del cambio lo que representa mayores recursos para la inversión en salud, educación, agua potable, saneamiento básico y vías terciarias. La historia registra que en la constituyente de 1968, Lleras Restrepo propuso que del presupuesto nacional se destinaran unos recursos a los territorios a estos rubros, la del 91 se discutió que el porcentaje sería del 44% del ingreso corriente de la nación ICN, pero los siguientes mandatarios ignoraron las peticiones. Desde siempre se debate el problema geopolítico de la descentralización regional, y el cuello de botella son los dividendos económicos que debe aportar el gobierno central a los municipios y departamentos para que avancen en el desarrollo y acabe con el hambre y la pobreza. La mezquindad con las regiones no es nueva y el gobierno cuenta no solo con el apoyo de los poderosos gremios, sino con las instituciones financieras y económicas, como Anif, Fedesarrollo y el Comité de la Regla Fiscal Carf, asegurando que en caso de acceder a las pretensiones de los territorios, la nación quedaría sin recursos para sus compromisos. En el parlamento hay muchas voces que rechazan las medidas con argumentos banales, como afirmar que brindarle más independencia a los gobernadores y alcaldes, el control central tiende a desaparecer, asegurando que ya tienen autonomía para muchas actividades que les permiten libertad de acción. He ahí el problema, es cierto que el ejecutivo solicita y ordena a las regiones ejecuten obras y actividades sociales, pero sin girarle los recursos económicos necesarios para cumplirle a las comunidades, las obras no se realizan y los mandatarios seccionales cargan con el lastre de incumplidos.
En el evento de aprobarse la reforma del SGP del 39,5%, los territorios recibirán muchos millones extras y la mano peluda estará preparada para hacerlo desaparecer, sin dejar rastro y quienes no están de acuerdo con la iniciativa exigirán auditoría rigurosa y transparente. La nueva fórmula representa para la nación menor carga fiscal en los gastos que debe atender en los proyectos de inversión de los territorios. Para las fuerzas políticas regionales, que son las mayorías en el Congreso, es un reto que deben asumir en la aprobación del proyecto y así, poder cumplirles a las comunidades que lo eligieron.
Con la aprobación de la reforma SGP que funcionará a partir de 2027, los recursos para los territorios se duplicarán, es decir a los departamentos y distritos llegarán suficiente dinero para cumplir con los planes de desarrollo que jamás cumplen y en cada administración queda como letra muerta. Un aspecto relevante en todo este drama que no tiene final, es el interés que despertará en los políticos profesionales para alcanzar una alcaldía o gobernación por la cantidad de dinero que tendrán a su disposición, superior a lo que pueden manejar como congresistas. Las campañas políticas territoriales no tendrán límites para financiarlas y con seguridad, congresistas como el presidente de la corporación ya deben estar pensando en la posibilidad de postularse para cualquiera de los dos cargos, porque la presidencia le queda muy grande. Los senadores de los partidos CD y de Gaviria, ya estarán pidiendo vía a sus caciques para postularse a esos cargos, que serán muy apetecidos una vez sea promulgada ley de la República. ¿Quá tal eso Gustavito?
