La Procuraduría General de la Nación condenó enérgicamente el asesinato de Jimmy Rosero Chávez, personero del municipio de Cumbitara, Nariño, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado por un grupo armado en la vereda Las Piedras, una zona bajo la influencia del frente Franco Benavides, disidencia de las FARC. Este trágico suceso ha generado una ola de reacciones en todo el país debido a la creciente violencia en la región.
En un comunicado, la Procuraduría destacó la grave situación de riesgo que enfrentan los funcionarios públicos en Colombia, señalando que entre enero y junio de 2024, al menos 110 personeros municipales reportaron amenazas y situaciones de peligro. La entidad también subrayó que estos números podrían ser aún mayores, ya que muchos de estos casos no se denuncian por miedo a represalias o por la falta de confianza en los mecanismos de protección disponibles.
La Procuraduría insistió en la necesidad de implementar políticas de protección más eficaces para los servidores públicos y los defensores de derechos humanos, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia. En ese sentido, reiteró la importancia de la Directiva N° 005 de 2024, que reconoce el rol de los personeros como defensores de derechos humanos y exige la creación de rutas de protección especializadas.
Además, solicitó al Gobierno Nacional y a las entidades de seguridad adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los 1.103 personeros municipales en todo el país, y para proteger el mandato institucional que desempeñan, que es crucial para el funcionamiento del Ministerio Público, del cual forman parte la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
