El cobro de valorización en la ruta Barranquilla-Cartagena: un paso hacia la modernización con retos y cuestionamientos
El Ministerio de Transporte continúa con la implementación de un proyecto que ha generado tanto expectativas como controversia: el cobro de valorización para la Circunvalar de la Prosperidad, la nueva vía que conectará las ciudades de Barranquilla y Cartagena. El plan busca financiar la construcción de esta infraestructura a través de un mecanismo en el que los propietarios de predios cercanos a la obra asumirán un pago relacionado con el aumento de valor que las mejoras en la infraestructura traerán consigo.
La ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, defendió recientemente esta medida, aclarando que el cobro no es un impuesto adicional ni una tarifa por el costo total de las obras, sino una valoración sobre el beneficio que los proyectos de infraestructura generarán en el valor de las propiedades cercanas.
¿Quiénes deben pagar y quiénes están exentos?
El cobro de valorización afectará a 147,000 predios ubicados en la zona del corredor vial que conecta Barranquilla y Cartagena. Según la ministra, los pagos estarán determinados por la capacidad de pago de los propietarios, lo que significa que las personas con más de dos propiedades o aquellos con mayores ingresos serán los que más contribuirán. En cambio, viviendas de estratos 1, 2 y 3, los hogares Sisbén A y B, y las unidades agrícolas familiares estarán exentos del cobro.
Este modelo de pago tiene como objetivo recaudar recursos para garantizar la financiación de obras de infraestructura que, según el gobierno, traerán mejoras a la movilidad y desarrollo económico de la región, beneficiando a las comunidades que las utilizan. Sin embargo, este cobro ha despertado una serie de críticas de diversos sectores, que cuestionan tanto el monto a pagar como la equidad del sistema.
Críticas y defensas del proyecto
El proyecto no ha estado exento de controversias. Empresarios, líderes locales y sectores de la comunidad han expresado su preocupación por las implicaciones económicas de este cobro, que consideran un cargo adicional para las personas que ya enfrentan dificultades económicas. Además, algunos políticos han señalado que el mecanismo no toma en cuenta las realidades sociales de los municipios afectados y podría tener un impacto negativo en el desarrollo local.
En respuesta, la ministra García Alicastro subrayó que este cobro no es un experimento ni un piloto, sino un proceso formal y estructurado que sigue las normas establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en las regulaciones específicas para proyectos de valorización. Además, destacó que el proyecto ya cuenta con un censo predial para determinar los predios afectados y se han establecido medidas para asegurar que los cobros sean justos y equitativos, basándose en un análisis técnico y metodológico.
Próximos pasos: Marcha hacia la implementación
Según el cronograma del Ministerio de Transporte, los primeros recibos de valorización llegarán a los propietarios en marzo de 2024, lo que marcará el inicio del proceso de pago. En este sentido, el gobierno está en la etapa de socialización del proyecto, buscando explicar y resolver dudas de la comunidad. A pesar de las críticas, las autoridades aseguran que la socialización es una fase clave para que los ciudadanos comprendan el propósito y la necesidad del cobro, además de garantizar que el dinero recaudado se destine de manera eficiente a las obras.
Mirando al futuro: ¿Beneficio o carga?
Aunque el gobierno defiende que el proyecto traerá mejoras significativas a la infraestructura vial y a la conectividad regional, la percepción entre algunos ciudadanos sigue siendo dividida. Mientras que para muchos, las obras de infraestructura son fundamentales para el crecimiento económico de la región Caribe, otros temen que este cobro termine afectando injustamente a los más vulnerables.
Lo cierto es que el cobro de valorización en la ruta Barranquilla-Cartagena no solo es un desafío para los propietarios de los predios afectados, sino también para el gobierno, que deberá gestionar las críticas y preocupaciones de la población, mientras asegura que los recursos se destinen adecuadamente a las obras prometidas.
Con el paso de los meses, los efectos de esta medida se verán reflejados en la región, tanto en términos de infraestructura como de aceptación social. Por ahora, el gobierno sigue adelante con su plan, mientras espera que los beneficios de una mejor infraestructura se hagan sentir a largo plazo, más allá de las tensiones actuales.
