Fiscalía General de la Nación logra condena contra el exmandatario, quien deberá pagar una pena de 15 años y millonarias sanciones por desvío de recursos destinados a la salud pública.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
En un importante fallo, la Corte Suprema de Justicia sentenció al exgobernador de Magdalena, Francisco José Infante Vergara, a una pena de 15 años, 8 meses y 6 días de prisión, junto con el pago de 2.589 millones de pesos por daños y perjuicios y una multa correspondiente a 1.153 salarios mínimos. El exmandatario fue hallado culpable de haber incurrido en corrupción mediante un contrato dirigido a la toma de muestras para detectar VIH, proceso en el que se desviaron recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables del departamento.
La Fiscalía General de la Nación demostró durante el juicio que Infante Vergara facilitó un esquema de contratación irregular que favoreció a un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no contaba con la acreditación requerida para llevar a cabo el contrato, incumpliendo los requisitos legales y desviando recursos del contrato 372 de 2007. Dicho contrato, con un valor de 443 millones de pesos, tenía como fin realizar pruebas de VIH a 4,000 habitantes en condiciones de vulnerabilidad, sin embargo, 1,065 personas nunca fueron atendidas y muchos de los supuestos beneficiarios señalaron no haber recibido el servicio, pese a las certificaciones presentadas por la entidad contratada.
La investigación, a cargo de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, demostró que, durante la ejecución del contrato, Infante Vergara autorizó el desembolso de un anticipo del 50% del monto total del contrato. Este anticipo fue consignado en una cuenta que no correspondía a la del IPS registrado, lo cual evidenció las graves irregularidades en la gestión de los recursos asignados. Además, se descubrió que el IPS favorecido no tenía la experiencia mínima, la personería jurídica ni la infraestructura para ejecutar el contrato.
La Fiscalía precisó que la condena impuesta a Infante Vergara incluye los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La investigación también develó que, al finalizar el contrato, se presentaron informes que pretendían justificar la ejecución total del servicio, sin embargo, una muestra aleatoria indicó que muchos de los supuestos beneficiarios nunca recibieron el servicio prometido. La decisión judicial, además de la sanción económica y la pena de cárcel, establece que el cumplimiento de la condena debe hacerse en un centro carcelario, por lo que se ordenó la captura inmediata de Infante Vergara.
Este caso subraya las graves consecuencias de la corrupción en el sector público, especialmente cuando se trata de fondos destinados a la salud de poblaciones vulnerables. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia es un hito en la lucha contra la corrupción en el país, pues envía un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia en el manejo de recursos públicos. Asimismo, el fallo busca sentar un precedente en la vigilancia y responsabilidad de los funcionarios al momento de gestionar fondos para la salud pública, área sensible que requiere máxima integridad en su administración.
En conclusión, la condena a Francisco Infante Vergara representa un paso en la dirección correcta en la lucha contra el abuso de poder en la administración pública. Con casos como este, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso de llevar ante la justicia a quienes, desde posiciones de poder, optan por intereses personales en detrimento del bienestar de la ciudadanía, afectando la confianza en las instituciones y el acceso a servicios esenciales como la salud.
Y.A.
