La investigación del saliente Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, evidencia un entramado liderado por Mario Andrés Urán, quien dirigía operaciones irregulares en EPS intervenidas.
Por: Redacción.
Diario La Libertad.
En una investigación que saca a la luz un nuevo caso de corrupción en el sistema de salud colombiano, un informativo nacional tuvo acceso a un informe que detalla los hallazgos de una auditoría llevada a cabo por la Superintendencia de Salud. Esta auditoría pone de manifiesto sospechosos movimientos en el manejo de fondos destinados a la salud, revelando un posible desvío hacia paraísos fiscales. Según el documento, que abarca 34 páginas, el nombre que resalta en este entramado es Mario Andrés Urán, quien sería el principal instigador de las irregularidades que ahora están bajo investigación de la Fiscalía.
La auditoría se realizó el pasado 25 de septiembre de manera sorpresiva en cuatro EPS: EMSSANAR, SOS, ASMET SALUD y Coosalud. Durante esta intervención, un equipo técnico de la Superintendencia revisó computadoras y teléfonos institucionales, permitiendo así el acceso a correos intercambiados con Urán. Los resultados de la investigación apuntan a una red de confabulación que dirigía los pagos y contratos con diversas clínicas y hospitales, favoreciendo a ciertos proveedores a través de mecanismos irregulares.
Los auditores encontraron una concentración de pagos sin la debida justificación y pagos a terceros que deberían haber sido gestionados por los agentes interventores. Además, se menciona la complicidad de dos individuos, identificados como Indira Ocando y Tony Negrette, quienes apoyaron a Urán en este esquema.
La auditoría también destaca cómo los interventores le proporcionaban información privilegiada sobre los Puestos de Mando Unificado, lo que le permitió a Urán estar al tanto de los movimientos dentro del sistema de salud.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el descubrimiento de carpetas digitales que contenían solicitudes de perfilamiento de funcionarios y directivos de la Superintendencia Nacional de Salud. Esto sugiere un nivel de organización y planificación que va más allá de las irregularidades económicas, abriendo la puerta a cuestionamientos sobre la ética y el control interno en estas instituciones.
El documento de la auditoría también revela que dineros de la salud habrían sido dirigidos hacia IPS cuyos propietarios tienen vínculos con zonas consideradas paraísos fiscales, como las Islas Caimán. De acuerdo con la información financiera obtenida, desde Coosalud EPS, donde Urán se desempeñaba como alto asesor, se hicieron transferencias a empresas como Eve Distribuciones SAS y Avidandi SAS, vinculadas a Ventum Investments 2020, que, según registros, está domiciliada en las Islas Caimán.
Esto indica que fondos que deberían beneficiar a la población están siendo canalizados hacia entidades en el extranjero, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en la gestión de recursos de salud.
Además, el informe señala que la Clínica General del Norte, relacionada con el pasado financiero problemático de Medimás, fue parte de este circuito irregular de transferencias. El entramado de empresas implicadas en estas operaciones plantea interrogantes sobre la mala gestión de fondos públicos y si estos actos se han perpetuado a lo largo de los años.
En una serie de acontecimientos sorprendentes, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, tras recibir los resultados de la auditoría, decidió radicar una denuncia ante la Fiscalía el 22 de octubre. Sin embargo, tan solo tres días después, desde la Casa de Nariño le solicitaron su renuncia, lo que ha generado especulaciones sobre las posibles presiones políticas en el marco de esta investigación.
Reacciones tras el escándalo: Críticas al gobierno por la crisis de las EPS y la corrupción en salud
La salida del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, ha desencadenado una ola de reacciones en el ámbito político y social, especialmente tras la revelación de que el funcionario había radicado una denuncia el pasado 22 de octubre y que solo tres días después este fue destituido, siendo reemplazado por Giovanny Rubiano García, quien anteriormente dirigía el Instituto Nacional de Salud.
Tras conocer todo este entramado de corrupción, han surgido críticas no solo del excandidato presidencial Sergio Fajardo, sino de diversos sectores políticos que exigen respuestas ante la creciente crisis del sistema de salud y las denuncias de corrupción.
Fajardo enfatizó que «el presidente Petro sigue sin responder sobre el escándalo de corrupción en la salud en Colombia. Se investiga a interventores de tres EPS elegidos por su gobierno, quienes presuntamente lideraban una red de contratos desviados a paraísos fiscales». Su declaración pone de manifiesto las preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de las EPS y la posible complicidad de funcionarios en estos actos.
En respuesta a las denuncias, el presidente Petro afirmó que si efectivamente se han manejado dineros de la salud en paraísos fiscales, «se los robaron y sus gerentes y administradores deben ser procesados penalmente». Este pronunciamiento resalta la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva que arroje luz sobre la responsabilidad de los involucrados.
La administración de Leal había sido marcada por intervenciones importantes en varias EPS, incluyendo Sanitas, Nueva EPS, EPS S.O.S, Asmet Salud y Savia Salud, que han sido vistas por algunos analistas como un intento de forzar al Congreso a avanzar en la reforma de la salud. Sin embargo, la situación ha llevado a la Procuraduría General de la Nación a abrir una investigación disciplinaria contra Leal, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en la intervención forzosa a Sanitas EPS. Se han ordenado pruebas para esclarecer el contexto de estos procedimientos.
En este contexto, la crisis actual del sistema de salud colombiano, unida a las denuncias de corrupción, plantea un desafío significativo para el gobierno y las instituciones responsables. Es imperativo que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que restauren la confianza de los ciudadanos en el sector salud y garanticen que los recursos destinados a su bienestar sean utilizados de manera adecuada y ética.
Y.A.
