En una decisión clave para la protección de los derechos de los niños, los congresistas han retirado el artículo que proponía rebajas de penas para agresores de menores. Sin embargo, la reforma aún incluye otros temas controvertidos.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
En medio de la discusión sobre la reforma a la justicia en Colombia, el Congreso ha decidido retirar un artículo que había generado un fuerte rechazo social: el que otorgaba beneficios penales a quienes cometieran delitos atroces, incluyendo violación y asesinato de menores. Los ponentes de la reforma, tras analizar los impactos de esta propuesta, decidieron que el artículo no debía hacer parte del proyecto, pues representaba un riesgo para la protección de los derechos de los menores en el país.
El senador Carlos Fernando Motoa, uno de los ponentes de la iniciativa, anunció el acuerdo alcanzado en la Comisión Primera del Senado para eliminar el polémico artículo. “Son 7 los temas que contempla la reforma a la justicia y tenemos un acuerdo al interior de la coordinación de ponentes en el sentido de eliminar el artículo séptimo que pretendía conceder ciertos beneficios bajo precisos parámetros de colaboración o allanamiento a cargos o lo que han llamado rebaja de penas frente a delitos atroces contra menores”, expresó Motoa.
Dentro de los lineamientos de la reforma, se aclaró que cualquier beneficio judicial será estrictamente limitado, especialmente cuando se trate de reincidentes. «Si el delincuente ya ha cometido el delito durante los cinco años anteriores no puede proceder a la extinción de la acción penal”, afirmó el congresista, en relación a las condiciones de reparación integral. Así, las personas capturadas por estos delitos no podrán acceder a este beneficio si reinciden, en un intento por cerrar cualquier puerta a la impunidad.
Además, la reforma establece una revisión exhaustiva sobre delitos como extorsión, secuestro y la financiación del terrorismo, que también podrían acceder a rebajas de penas mediante acuerdos con la Fiscalía, bajo un principio de oportunidad que permitiría lograr preacuerdos. En palabras de Motoa, “se establece una posibilidad de rebaja de pena siempre y cuando logren preacuerdo con la Fiscalía y esa colaboración sea eficaz para desmantelar organizaciones criminales que cometan delitos como terrorismo”.
La reforma también plantea la implementación de la prueba anticipada durante los juicios, lo cual, según el texto, ayudaría a evitar maniobras de dilación por parte de los abogados defensores que buscan extender los tiempos procesales. Motoa enfatizó: «La prueba anticipada se podrá utilizar durante un juicio y no se someterá a un nuevo procedimiento para evitar vencimiento de términos y algunas actuaciones de abogados que buscan dilatar los procesos en materia penal”.
Advertencias del Consejo de Política Criminal
Dentro del marco de estas discusiones, el Consejo de Política Criminal (CSPC) emitió un concepto que, si bien apoya la reforma en términos generales, advierte sobre el “riesgo de vulneración de los derechos de los niños” en caso de que se aprueben beneficios para sus agresores. El Consejo considera que eliminar el artículo séptimo es un paso positivo, dado el potencial de riesgo que tendría su inclusión.
Sin embargo, el CSPC observó que existen delitos graves, como el feminicidio, en los que los beneficios han mostrado algunos resultados en la resolución de casos, dado que “aproximadamente el 29.8% de los casos de feminicidio han concluido anticipadamente”. Esto sugiere que el concepto de justicia premial tiene su lugar en la legislación para agilizar el sistema judicial, sin que esto implique beneficios para todos los delitos.
En síntesis, la decisión de retirar este artículo refleja el compromiso de proteger a los menores de la vulneración de sus derechos. No obstante, la inclusión de beneficios para otros delitos graves sugiere que aún queda un terreno por regular y, posiblemente, endurecer. Las advertencias del CSPC abren una discusión sobre la justicia premial y su impacto en el sistema, donde cada medida de alivio en los tiempos judiciales debe evaluarse a la luz de su repercusión social.
Este proyecto de reforma, que pronto iniciará su debate en el Congreso, marcará un punto de inflexión en la política criminal de Colombia, y es crucial que la protección a los menores y la eficiencia judicial no se vean comprometidas.
Y.A.
