La Fiscalía lleva a juicio a Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez en un caso vinculado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la fase preparatoria prevista para abril de 2025.
La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra Enrique Pardo Hasche y el abogado Samuel Arturo Sánchez, señalados de soborno en actuación penal y fraude procesal en un caso que ha captado gran atención en Colombia por su conexión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La fase de audiencias preparatorias, que marca el inicio formal del proceso judicial, se ha fijado para abril de 2025, y se espera que esta etapa arroje luz sobre el rol de los acusados en los supuestos intentos de influir en los testimonios de figuras clave en el caso Uribe.
De acuerdo con el documento de acusación, la Fiscalía sostiene que Pardo Hasche y Sánchez participaron en un esquema que buscaba persuadir al testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus señalamientos contra Uribe, una movida que, de confirmarse, podría alterar el rumbo de las investigaciones sobre presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo. Según las autoridades, Pardo Hasche habría facilitado un encuentro entre Monsalve y el abogado Diego Cadena en la cárcel La Picota, donde intentaron que el testigo modificara su declaración. Este señalamiento se apoya en grabaciones entregadas por Monsalve a la Corte Suprema de Justicia, las cuales refuerzan las sospechas sobre la presunta implicación de Pardo Hasche.
Por su parte, Samuel Arturo Sánchez habría participado en la redacción de cartas de retractación junto con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, que luego fueron entregadas a Cadena como parte de la estrategia de defensa de Uribe. La Fiscalía advierte que esta acción podría constituir un intento evidente de manipulación judicial. El escrito de acusación detalla: “No bastó con todas las presiones y manifestaciones hacia el interno Juan Guillermo Monsalve para obtener la retracción del testimonio, también ayudó, colaboró, con la redacción de una carta, donde claramente usted le señalaba ‘no presentar tantos tecnicismos porque eran temas de abogados y eso no iba a darle credibilidad a la carta’». Esta declaración sugiere que Sánchez tuvo un rol activo en los esfuerzos para modificar la versión de Monsalve.
Desde el 2020, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ha adelantado investigaciones que han llevado a trasladar copias a la Fiscalía, mostrando la seriedad de las acusaciones. La conexión de los acusados con Uribe aporta una complejidad adicional, asegurando que este caso siga en el foco del debate público en Colombia.
El Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá, a cargo del juez Carlos Alberto Chaparro Martínez, será el escenario donde se desarrollarán las audiencias preparatorias del juicio en abril de 2025. Esta etapa es clave para definir los puntos a discutir en el proceso judicial y evaluar las pruebas aportadas por las partes, lo que determinará si el caso procede a juicio. La opinión pública y las instituciones estarán atentas a las revelaciones que puedan surgir durante estas audiencias, en un proceso que promete tener implicaciones significativas para la justicia en Colombia.
Este caso resalta los desafíos de la justicia en Colombia, especialmente cuando se trata de figuras de alto perfil. La Fiscalía y la Corte Suprema tienen la responsabilidad de garantizar un proceso transparente que permita a la ciudadanía confiar en el sistema judicial. De comprobarse las acusaciones, se establecería un precedente importante en cuanto al manejo de casos de fraude procesal y soborno, subrayando la importancia de una justicia libre de presiones políticas.
