En un polémico giro judicial, diez de las veintiuna personas investigadas por actos de violencia y abuso en ocho fundaciones de Santander han sido liberadas. La decisión, tomada por el juez a cargo del caso, se fundamenta en la determinación de que estos individuos tenían una menor responsabilidad en los delitos cometidos, que incluyen torturas y la muerte de varios pacientes.
Los liberados, que ocupaban roles como psicólogos, socios, personal de limpieza y secretarias, quedaron en libertad en medio de una creciente preocupación por la seguridad de los internos de estas instituciones. La Fiscalía ha manifestado su desacuerdo con la decisión del juez y ha apelado, presentando pruebas que incluyen testimonios, fotografías que documentan el estado de los pacientes, videos y denuncias de las víctimas.
Las detenciones originales se llevaron a cabo en un operativo coordinado por la Seccional Santander de la Fiscalía, con el apoyo del CTI y del Ejército Nacional, en varias ciudades, incluyendo Cartago (Valle del Cauca), Bucaramanga (Santander) y Bogotá.
La Fiscalía ha destacado que hay indicios de que los liberados formaban parte de una estructura delictiva que operaba a través de instituciones que ofrecían servicios a personas con problemas de adicción. Estas prácticas, según las autoridades, resultaron en la muerte de ocho personas y dejaron a más de 500 víctimas.
Además, se han reportado casos alarmantes de abuso sexual contra menores de edad que estaban sedados por medicamentos administrados en estas fundaciones. También se ha confirmado que algunos internos fueron sometidos a “cuartos de reflexión”, donde eran sometidos a tratos crueles, como baños de agua fría, golpizas y ataduras.
La comunidad y las organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de justicia en este caso, a la vez que han solicitado que se tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes en estas instituciones. La apelación de la Fiscalía será un paso crucial para determinar el futuro legal de los involucrados y la verdad detrás de estas denuncias de abuso y negligencia.
