En un emotivo acto conmemorativo por el Día de Muertos, defensores de los derechos de los inmigrantes se reunieron este sábado en Otay Mesa, al sur de San Diego, para recordar a aquellos que han perdido la vida bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Este homenaje incluye a un migrante mexicano que falleció hace menos de una semana.
Activistas decoraron altares con flores de cempasúchil, velas y pan de muerto frente a varios centros de detención gestionados principalmente por empresas privadas, como CoreCivic, que administra la instalación de Otay Mesa. Adriana Jasso, activista del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, subrayó la importancia de recordar a los migrantes fallecidos, señalando que “lo humano y lo sensible es, al menos, venir a recordar sus nombres”.
Entre los homenajeados se encuentran figuras como Agustín Ramírez Arreola, quien murió a los 46 años en julio de 2018, y Igor Zyazin, de Rusia, que también falleció a los 46 años en 2020. Además, en el estado de Washington se recordó a José Manuel Sánchez Castro, quien perdió la vida en el Centro de Detención del Noroeste, dirigido por Geo Group.
Informes de La Resistencia, una organización de derechos civiles, revelan que Sánchez Castro estuvo cinco días en aislamiento médico antes de ser encontrado inconsciente. Activistas critican la deficiente atención médica en los centros de detención, lo que ha contribuido a estas trágicas pérdidas.
En San Francisco, grupos de derechos de los inmigrantes también recordaron a 19 personas que han muerto en las instalaciones de Mesa Verde y Golden State Annex. Deborah Lee, directora del Interfaith Movement for Human Integrity, comentó sobre la grave situación en estos centros, describiéndolos como “lugares donde la violencia, el daño, el abuso y el abandono ocurren innecesariamente a diario, causando un enorme sufrimiento”.
Las organizaciones en el área de la Bahía de San Francisco hicieron un llamado a los ocho legisladores federales de la región para que actúen con urgencia y detengan las muertes en estos centros. Pedro Ríos, director del comité en la frontera con México, expresó su profunda preocupación por la dependencia del gobierno estadounidense en corporaciones privadas para la detención de personas que buscan escapar de la violencia en sus países de origen.
La inquietud de los activistas ha aumentado en el contexto de las recientes promesas de los candidatos presidenciales de endurecer las políticas de control migratorio. Actualmente, existen 158 prisiones privadas en 27 estados, todas pertenecientes a CoreCivic y Geo Group, que el año pasado reportaron ingresos de 7.400 millones de dólares.
Las condiciones en estos centros han llevado a protestas por parte de los detenidos, quienes denuncian mala alimentación y dificultades para acceder a atención médica. Ríos enfatizó que la falta de transparencia en el manejo de estos casos es alarmante, dado que las corporaciones no rinden cuentas como lo hacen las instituciones públicas.
Este Día de Muertos, la comunidad se une no solo para recordar a los migrantes que han fallecido, sino también para exigir un cambio en el sistema que permite que estas tragedias continúen.
