Rechazo en Valledupar ante traslado de Bryan Campo, asesino confeso de Sofía Delgado, a La Tramacúa

La reciente llegada de Bryan Campo, confeso asesino de la menor Sofía Delgado, a la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, ha desatado indignación entre la ciudadanía y las autoridades locales. Este hecho se suma a la preocupación existente por el traslado de reclusos de alto perfil y peligrosidad a esta penitenciaría, ubicada en la capital del Cesar.

El secretario de Gobierno de Valledupar, Jorge Pérez, expresó su descontento con la situación, señalando que la llegada de delincuentes de alta peligrosidad puede atraer estructuras criminales completas que aumentan la incidencia de delitos en la región. Según Pérez, aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tiene autonomía administrativa, dicha independencia debería contar con límites para evitar el impacto negativo en las comunidades locales.

Ingreso de Brayan Campo a La Tramacua de Valledupar
Ingreso de Brayan Campo a La Tramacúa de Valledupar // Fotos: Captura de pantalla

El alcalde Ernesto Orozco también ha manifestado su oposición a estos traslados y está gestionando una reunión con el ministro de Justicia para revisar el caso, junto con otras autoridades territoriales. El INPEC ha explicado que los traslados forman parte de un “plan dominó” en el cual los delincuentes de alta peligrosidad permanecen temporalmente en una cárcel antes de ser reubicados en otra, pero las autoridades locales exigen mayor coordinación y consulta previa.

La reclusión de delincuentes de alta peligrosidad en ‘La Tramacúa’ evidencia un conflicto entre la autonomía administrativa del INPEC y la preocupación de las autoridades locales por el aumento de la criminalidad en Valledupar.

Esta situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre las políticas nacionales de seguridad y la capacidad de los territorios de gestionar el impacto de estas decisiones en sus comunidades. Para garantizar la seguridad local, será necesario que el Ministerio de Justicia y el INPEC implementen medidas que incluyan la consulta y cooperación con las autoridades municipales.