Tal como lo dimos a conocer en nuestras páginas, las denominadas Comisiones Económicas del Congreso de la República aprobaron el correspondiente presupuesto asignado al Sistema General de Regalías para los años 2025 y 2026, el cual contará con un monto de $30.6 billones, que es el equivalente al 1.7% del PIB, recursos para los que se deberán priorizar la construcción de vías, el fortalecimiento del sistema de salud, como también el sector educativo a nivel nacional.
Ahora, este mismo presupuesto deberá afrontar las correspondientes discusiones en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, tal como lo establece la actual normatividad, esperamos que se avance positivamente en la distribución de las regalías y que estas sean equitativas, es decir –como es lógico– asignando y entregando una proporción mayor a aquellos departamentos productores –porque sus habitantes son los que sufren las secuelas de la minería extractiva– como La Guajira, Cesar, Córdoba y Magdalena, para solo referirnos a los departamentos mineros de nuestra región Caribe.
Consideramos que se debe permitir la administración regionalizada, para que así aquellos departamentos y municipios con menores ingresos, obtengan recursos que deben destinarse a la construcción de vías internas, en salud y en educación, es importante que los recursos lleguen a las regiones, para que así el camino a la descentralización se convierta en realidad.
Hay que recordar que las regalías, provenientes de la explotación de recursos naturales, tienen como objetivo primordial contribuir al desarrollo social y económico, especialmente en las áreas productoras. Sin embargo, la incapacidad del Gobierno para implementar proyectos efectivos y ejecutarlos eficiente y oportunamente está condenando las regiones al atraso y a la pobreza.
Mientras esto ocurre el Gobierno Nacional se da el lujo de tener guardados y sin utilizar la “bicoca” de 16.9 billones de pesos correspondientes a regalías, dineros que en el sentido estricto no le pertenecen, por cuanto –como debe saberse– las regalías son la compensación a la que tienen derecho las regiones productoras de recursos naturales por la explotación de los mismos en su territorio, tal como lo expresamos con antelación.
La no ejecución de la suma de 16.9 billones de pesos, nos hace colegir que existe una inmensa desconexión entre la planificación y la implementación de proyectos benéficos para los colombianos, estos recursos, que bien podrían haber sido destinados a infraestructura, educación, salud y otros sectores vitales, permanecen inactivos en los bancos, mientras las necesidades de la población siguen sin ser atendidas.
El Ministerio de Hacienda ha intentado justificar esta situación argumentando que la sub-ejecución ayuda a mantener la regla fiscal y a controlar el gasto público; consideramos que esta justificación no es suficiente para las comunidades que observan cómo sus proyectos se retrasan o se cancelan debido a la falta de recursos provenientes de las regalías.
La realidad es que la ineficiencia en la ejecución presupuestal no solo afecta la credibilidad del Gobierno, sino que también produce un directo impacto negativo, en la calidad de vida de muchos ciudadanos.
No hay que negar que el proyecto de ley al que hoy hacemos referencia, continuará enfrentando críticas, respecto a la tan baja ejecución de los recursos destinados a las regiones.
Indiscutiblemente existe la necesidad de una mayor autonomía para las regiones, respecto a la administración de los presupuestos provenientes de las regalías y los altos montos acumulados –en los bancos– que no han sido utilizados.
