La Corte Constitucional ha admitido la demanda presentada por el senador Mauricio Gómez Amín en contra del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, que permite la aplicación de la contribución nacional de valorización, particularmente en relación al cobro por el uso de la Vía Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad.
Gómez ha argumentado que esta disposición infringe principios legales fundamentales, como la irretroactividad, la buena fe, la confianza legítima y la unidad de materia. Además, ha solicitado la suspensión provisional de la norma, advirtiendo que su aplicación podría afectar negativamente a los ciudadanos.
Con la admisión de la demanda, la Corte Constitucional abre la puerta a un análisis más profundo sobre estos temas y a la participación de diversos actores sociales, académicos y jurídicos en el debate. Por otro lado, los presidentes de Intergremiales de Atlántico y Bolívar han expresado su apoyo a la demanda, indicando que la comunidad empresarial también está atenta a los posibles efectos de esta legislación.
Este desarrollo marca un paso importante en la discusión sobre la contribución de valorización y su impacto en la población, planteando interrogantes sobre la equidad y la justicia en la aplicación de normativas que afectan a los ciudadanos.
