Christian Garcés vuelve a recusar: Controversias y obstáculos en la investigación contra Petro

Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes

El representante Christian Garcés, del partido Centro Democrático, ha presentado una nueva recusación contra el investigador Alirio Uribe, quien participa en la investigación que la Comisión de Acusación lleva contra el presidente Gustavo Petro. En sus declaraciones, Garcés afirmó que “Alirio Uribe está incurso en impedimentos y debe ser apartado de la investigación contra Petro para que haya resultados, de lo contrario el proceso seguirá estancado”. Esta es la segunda vez en menos de dos años que Garcés interpone una recusación contra miembros de la Comisión, generando dudas y divisiones dentro del proceso investigativo.

Esta situación revive lo sucedido en mayo de 2023, cuando Garcés interpuso recusaciones similares contra dos miembros de la bancada del Pacto Histórico. En aquel momento, los procedimientos quedaron suspendidos hasta que, en noviembre de 2023, la Comisión de Acusación determinó que la recusación era infundada y se reanudó el proceso. Sin embargo, el constante uso de este recurso por parte de Garcés ha generado inquietud entre los investigadores y en sectores de la sociedad que ven en estos actos un intento por obstaculizar la investigación.

Respuesta de los investigadores

Por su parte, Alirio Uribe y Gloria Elena Arizabaleta, otros dos representantes involucrados en el caso, sostienen que el proceso avanza en los términos legales. En rueda de prensa el pasado 3 de octubre, ambos congresistas informaron sobre algunas de las pruebas que han sido recaudadas. Señalaron que el objetivo es concluir la fase de recolección probatoria antes de emitir una decisión fundamentada en derecho, que posteriormente será revisada por el pleno de la Comisión. Los investigadores declararon que su intención es cumplir con los plazos establecidos, dejando claro que “terminando ese recaudo probatorio se proferirá la decisión en derecho que corresponda para que la Comisión en Pleno la conozca y proceda”.

Este comunicado representa una posición de firmeza por parte de los investigadores, quienes consideran que las pruebas recaudadas hasta el momento deben ser analizadas con profundidad antes de tomar una decisión definitiva. Para ellos, la actuación de Garcés suscita sospechas de “recurrente y sospechoso” al intentar apartar a quienes integran el proceso de investigación.

Un debate jurídico sobre recusaciones

Además, en un contexto jurídico, la Corte Constitucional ha establecido que las recusaciones deben responder a “causales taxativas, que se interpretan de manera restringida, con la finalidad de evitar limitaciones excesivas y desproporcionadas al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia”. Esta declaración subraya que las recusaciones no deben usarse de forma “arbitraria o caprichosa”, sugiriendo que, en este caso, Garcés estaría abusando de este recurso legal. La jurisprudencia advierte que el abuso de la figura de recusación puede entorpecer el proceso judicial, retrasando así la posibilidad de que se conozca la verdad.

Garcés, sin embargo, insiste en que su objetivo es asegurar transparencia en el proceso y plantea que la presencia de Uribe y otros congresistas del Pacto Histórico afecta la imparcialidad. Esta posición se basa en el argumento de que no existen garantías dentro de la Comisión, lo cual genera “una incertidumbre” sobre el desenlace del caso contra el presidente Petro. Garcés ha señalado públicamente que su intención es despejar cualquier sombra de duda sobre la imparcialidad de los investigadores, y agrega que no considera viable el desarrollo del proceso bajo su actual composición.

La posición de la defensa de Petro

El representante Alirio Uribe, en un comunicado, respondió que el proceso debe seguir su curso sin más dilaciones. Resaltó que el fondo del caso se centra en los presuntos topes electorales violados durante la campaña de Petro, y aseguró que la investigación de la Comisión de Acusación tiene normas y procedimientos claros en la ley 5 de 1992. La defensa argumenta que se está haciendo uso de procedimientos adecuados y que el caso ha seguido los pasos correspondientes desde el inicio de las denuncias en mayo de 2023.

Recientemente, algunos sectores sociales han expresado que el accionar de Garcés responde a una intencionalidad política más que a una preocupación legítima por la transparencia en la investigación. La reiterada suspensión de los procedimientos ha generado también una serie de dudas sobre si esta estrategia busca dilatar las decisiones de la Comisión o incluso impedir que se llegue a una conclusión. En este sentido, el uso de recusaciones ha sido interpretado por diversos analistas como una maniobra para retrasar el curso de la justicia en este caso.

Esta situación mantiene en vilo no solo a los involucrados en el proceso, sino también a la ciudadanía en general, que observa con preocupación cómo las estrategias de recusación y retrasos en el proceso pueden afectar el acceso a una resolución justa y rápida. Mientras tanto, la actuación de Garcés levanta serias sospechas, al punto que la defensa está considerando solicitar una investigación penal para determinar si estos recursos legales han sido presentados con “intenciones temerarias”. En el panorama actual, existe una polarización evidente entre aquellos que creen que Petro debe enfrentar una sanción conforme a las pruebas recaudadas y quienes consideran que el proceso está siendo indebidamente manipulado.

Este caso, por tanto, se perfila como un episodio emblemático de cómo los procedimientos judiciales pueden llegar a ser objeto de estrategias políticas, y plantea una pregunta que, para muchos colombianos, sigue sin respuesta: ¿hasta cuándo podrán sostenerse estos recursos legales en detrimento de una resolución clara y definitiva?