Con la propuesta de Catherine Juvinao y Carolina Giraldo, se pretende agilizar procesos civiles y ofrecer justicia integral a quienes han sufrido violencia en sus hogares.
Las representantes a la Cámara, Catherine Juvinao y Carolina Giraldo, han presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer un proceso civil expedito para garantizar la reparación económica integral de las víctimas de violencia intrafamiliar. Esta iniciativa abarca no solo los procesos de divorcio, sino también situaciones de uniones maritales de hecho y la cesación de efectos civiles del matrimonio católico.
La propuesta contempla un marco legal que establece plazos específicos para la presentación de pruebas y la programación de audiencias, lo cual es fundamental para minimizar la revictimización de quienes ya han enfrentado traumas profundos. Las víctimas contarán con un plazo de 30 días, posterior a la sentencia, para solicitar la reparación. Los jueces, por su parte, estarán obligados a tomar decisiones en un plazo que no exceda esos mismos 30 días. Esta medida busca agilizar el acceso a la justicia y asegurar que las víctimas no enfrenten demoras adicionales en su proceso de recuperación.
Una de las características más significativas de este proyecto es la posibilidad de embargar bienes del agresor como forma de garantizar el cumplimiento de la reparación económica. «Estamos enfrentando una verdadera guerra en los hogares, que genera patrones de violencia intergeneracionales. Quienes han sufrido deben ver sus secuelas compensadas con una reparación integral. Además, buscamos que este proyecto actúe como un mecanismo disuasorio, no solo para reparar, sino también para prevenir futuros casos de violencia,» declaró Juvinao, destacando la necesidad urgente de abordar este problema desde la raíz.
El contexto de esta iniciativa es alarmante. Durante los primeros seis meses de 2024, Colombia reportó más de 31,239 casos de violencia intrafamiliar, con un 76% de las víctimas siendo mujeres. Este promedio se traduce en 174 casos diarios, una cifra que resalta la magnitud del problema en el país. Desde 2010, se ha observado un aumento significativo en los casos de violencia contra la mujer, donde el 60% de los agresores son parejas, exparejas o familiares cercanos. Esta realidad exige una respuesta contundente y efectiva de las autoridades.
«Con esta ley, aspiramos a construir un país donde las víctimas puedan encontrar justicia real y una reparación integral, sin más silencios ni barreras,» expresó Carolina Giraldo, subrayando el compromiso de su bancada en promover un cambio en la legislación que beneficie a quienes más lo necesitan.
El proyecto de ley no solo representa un avance hacia la justicia para las víctimas de violencia intrafamiliar, sino que también establece un precedente importante en la lucha contra este flagelo social. La iniciativa promueve un entorno más seguro y equitativo en los hogares colombianos, contribuyendo a la creación de una sociedad donde el respeto y la dignidad prevalezcan. Con medidas claras y firmes, el país tiene la oportunidad de transformar la vida de muchas personas que han vivido en la sombra del miedo y el abuso.
Este proyecto es un paso fundamental para combatir la violencia intrafamiliar en Colombia, un problema que ha sido una herida abierta en la sociedad. La implementación de un sistema de reparación económica es un avance significativo que no solo busca restablecer la justicia, sino también dar visibilidad a una problemática que ha sido históricamente ignorada. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y del compromiso real de las instituciones para proteger a las víctimas y garantizarles un futuro libre de violencia.
