Los agricultores demandan medidas para controlar importaciones y contrabando, mientras buscan soluciones a la caída de precios en el mercado local.
En un esfuerzo por abordar la crisis que afecta al sector agrícola de la cebolla, se llevó a cabo una mesa de diálogo en la presidencia de la Cámara de Representantes. Este encuentro, que reunió a productores, representantes del Gobierno y miembros del Congreso, tuvo como objetivo discutir la difícil situación que atraviesa esta actividad económica fundamental.
Entre los participantes se encontraban el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, la senadora Carolina Espitia y el representante Wilmer Castellanos, quienes actuaron como garantes del diálogo. Durante la reunión, Julián García, productor de cebolla y vocero de los agricultores, expresó su preocupación por la caída de precios que han experimentado en los últimos meses. Este descenso ha sido atribuido a factores como las importaciones desmedidas y el contrabando, que han distorsionado el mercado.
García subrayó que es urgente establecer controles en los abastos y la supervisión por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). “Se manifestaron la necesidad de controles en abastos, de controles por parte del ICA y de medidas de salvaguardia”, aseguró el vocero. La situación demanda un esfuerzo coordinado para regular las importaciones y el contrabando que afectan de manera directa los precios de la cebolla en el mercado local.
Como resultado de este diálogo, se determinó que la próxima semana se realizarán mesas técnicas con representantes del Ministerio de Industria y Comercio, el ICA, y la Policía Nacional, entre otros organismos. Estas mesas tienen el propósito de profundizar en los problemas ya discutidos y avanzar hacia la búsqueda de soluciones. García también anunció que “dentro de 15 días como máximo se llevará a cabo una reunión con la ministra de Agricultura, el ministro de Industria y Comercio, y la directora general del ICA, ya no para escuchar, sino para tomar decisiones”, lo que indica un enfoque resolutivo para abordar la crisis.
La situación es alarmante, ya que los productores de cebolla de Boyacá, junto a agricultores de Cundinamarca y Norte de Santander, organizaron una marcha pacífica en protesta por la llegada de cebolla importada desde países como Perú y Ecuador. Este evento, que reunió a más de 300 agricultores, busca exponer las dificultades económicas que enfrentan debido a la competencia desleal de precios más bajos en el producto importado.
Juan David Gil, otro agricultor y vocero del grupo de manifestantes, detalló que el costo promedio de la cebolla importada oscila entre $45.000 y $50.000 por 92 kilos en el mercado, un precio considerablemente inferior al de producción local, que asciende a aproximadamente $140.000. “Estamos trabajando por debajo de los costos de producción de cebolla… la exigencia es simple, la exigencia es que paren la importación de cebolla de manera legal e ilegal. Eso es lo que nosotros necesitamos”, enfatizó.
Además, Gil mencionó que la cebolla que se importa a Colombia es rechazada en mercados más exigentes como los de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que deja a Colombia como uno de los pocos países dispuestos a recibir este tipo de productos de baja calidad. “Por lo menos a ellos no les recibieron esa cebolla. En países como Estados Unidos, la Unión Europea, y entonces Colombia, es el tercer país que les recibe este tipo de productos a un país como Perú”, concluyó.
Este escenario afecta directamente a más de 100.000 familias que dependen de la producción de cebolla en el país. Juan David Gil destacó que la producción nacional se extiende a más de 266 municipios en 10 departamentos, y enfatizó que al proteger el campo colombiano, no solo se beneficiaría al sector cebollero, sino también a otras industrias agrícolas como las del tomate y la papa.
A medida que avanza el diálogo entre los productores y el Gobierno, queda claro que se requiere una acción urgente y decidida para salvaguardar la agricultura nacional y garantizar la sostenibilidad de las comunidades que dependen de esta vital actividad económica.
