La alarmante violencia contra menores de edad lleva a acciones contundentes ante un caso trágico.
La Procuraduría General de la Nación ha tomado la decisión de establecer una agencia especial que se encargará de intervenir en el proceso penal en contra de Darwin Felipe Beltrán, quien es investigado por el homicidio de sus dos hijos menores de 4 y 7 años en el barrio Las Ferias de Bogotá. Este lamentable suceso ha generado una gran preocupación en el país, especialmente ante el creciente número de casos de violencia que afecta a la infancia.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Procuraduría ha emitido alertas en varias ocasiones sobre la alarmante violación de los derechos de los niños y niñas. En el periodo comprendido entre 2021 y 2023, se ha documentado un incremento del 27,15% en la violencia contra esta población vulnerable. Esta tendencia se ha visto reflejada en los escalofriantes números de este año: entre enero y agosto de 2024, se han registrado 375 muertes violentas de menores y 11.871 lesiones no fatales atribuibles a la violencia sexual.
Además, la entidad ha señalado que ha observado un incremento del 29,32% en los casos de violencia intrafamiliar que involucran a menores, con 5.838 incidentes reportados en 2024, en contraste con los 4.514 del año anterior. Estas estadísticas han suscitado una creciente inquietud en la Procuraduría, que considera urgente implementar medidas efectivas para la protección de los menores.
En este contexto, la Procuraduría ha solicitado información detallada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las Comisarías de Familia de Bogotá, en relación con las medidas de protección y antecedentes de solicitud de ayuda en el entorno familiar de las víctimas. Este caso se suma a la polémica que rodea la propuesta de reforma a la justicia, que busca otorgar beneficios en los delitos cometidos contra menores de edad.
En días recientes, la procuradora general, Margarita Cabello, hizo un llamado a mantener las disposiciones actuales que protegen a los menores. En su pronunciamiento, resaltó que “no debería ponerse en discusión una iniciativa que no beneficia la seguridad de los niños, niñas y adolescentes”. Además, subrayó la importancia de conservar las normas del Código de Infancia y Adolescencia, que prohíben la aplicación de subrogados o rebajas en las penas por delitos contra menores, señalando que es esencial “protegerlos constitucionalmente”.
La reforma, que aún está pendiente de debate en el Congreso de la República, ha suscitado diversas reacciones entre los legisladores. Varios senadores y representantes han presentado una proposición para retirar el artículo que contempla los beneficios en estos delitos, evidenciando una fuerte oposición a cualquier medida que pudiera socavar la protección de la infancia.
Este caso trágico y las cifras alarmantes sobre la violencia infantil en Colombia destacan la urgencia de una respuesta contundente y efectiva por parte de las autoridades. La creación de una agencia especial por parte de la Procuraduría es un paso en la dirección correcta, pero es igualmente crucial que se mantengan y fortalezcan las leyes existentes que protegen a los menores. La sociedad en su conjunto debe abogar por un enfoque integral que priorice la seguridad y el bienestar de la infancia, garantizando que estos sucesos no se repitan.
