Estudio revela la crítica falta de recursos para garantizar el acceso a tratamientos y medicamentos.
Un reciente estudio titulado “Financiamiento del sector salud” ha puesto de manifiesto una alarmante insuficiencia de recursos que amenaza con comprometer la continuidad de tratamientos médicos, así como el acceso a medicamentos esenciales, lo que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de la población. Este informe, elaborado por Anif junto con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), subraya la necesidad de revisar cómo se calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual es crucial para cubrir los servicios ofrecidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
Catalina Bello, directora de Acceso y Sostenibilidad de Afidro, destacó que “la falta de recursos financieros genera un cortocircuito en toda la cadena de suministro de medicamentos, pero el impacto más grave recae sobre la calidad de vida del paciente que no recibe sus tratamientos o medicamentos a tiempo.” De acuerdo con el estudio, se estima que para el año 2025 será necesario un incremento del 16,4% en la UPC, lo que se traduce en un total de más de $100 billones en necesidades presupuestarias.
La directiva enfatizó que “este valor es esencial para cubrir las necesidades de prestación de servicios de salud del próximo año y no aborda el déficit acumulado de años anteriores. Por lo tanto, es fundamental continuar discutiendo mecanismos dentro del presupuesto para satisfacer las necesidades del sistema y garantizar el pago oportuno de las deudas previas.” En este contexto, Afidro ha manifestado su disposición a dialogar con el Gobierno para encontrar soluciones que permitan optimizar el sistema de salud.
“Desde Afidro reiteramos nuestra total disposición para colaborar con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud en la búsqueda de soluciones conjuntas, reconociendo las deudas y la insuficiencia actual, al tiempo que proponemos alternativas para generar más recursos y optimizar el uso de los disponibles”, afirmó Bello. Sin embargo, ella también subrayó que la UPC actual sigue siendo insuficiente.
El año pasado, se propuso un incremento del 15% para 2024, aunque el ajuste final se limitó a un 12%, donde solo 10,48% correspondió al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto resultó en un incremento de la UPC que quedó 4,5 puntos por debajo de lo esperado. Según el análisis, se anticipa que el déficit fiscal generado por esta subestimación de la UPC, junto con los pagos asociados a los Presupuestos Máximos, ascenderá a aproximadamente $19,7 billones para 2025.
Bello aclaró que este monto es necesario para cubrir la UPC de 15,7 millones de personas que, en 2023, se encontraban en situación de pobreza monetaria. Esta cifra se basa en que, desde 2021, la UPC ha sido calculada por debajo de su nivel real en aproximadamente 2,8 puntos porcentuales anuales, lo que ha exacerbado la crisis financiera de las EPS, especialmente teniendo en cuenta la demanda diaria de 2,5 millones de servicios.
Como parte de las recomendaciones, el estudio sugiere realizar evaluaciones integrales para ajustar adecuadamente la UPC, tomando en cuenta tanto los indicadores macroeconómicos como el uso real de los servicios durante el año. “Es necesario fortalecer los sistemas de información y las auditorías, flexibilizar los estándares de calidad en la atención en zonas dispersas y mejorar la distribución del talento humano en el sector salud”, concluyó la directora de Acceso de Afidro.
Así las cosas, la crisis en el sistema de salud colombiano requiere atención inmediata y medidas efectivas por parte del gobierno. La colaboración entre el sector privado y público es vital para garantizar que se disponga de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de salud de la población. Sin una inversión adecuada, el futuro del acceso a tratamientos y medicamentos puede verse comprometido, afectando directamente la calidad de vida de millones de colombianos.
