El Tribunal Superior de Santa Marta revocó la orden de suspensión de las actividades de exploración y explotación en el pozo Uchuva 2, la cual había sido emitida previamente por un juez de la capital del Magdalena.
Esta decisión permite que el proyecto continúe su curso, aunque también establece que el Ministerio del Interior debe llevar a cabo una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga.
«Se amparan los derechos fundamentales a la consulta previa y debido proceso de la comunidad indígena de Taganga, representada por el señor Ariel Daniels de Andeiris en calidad de gobernador de dicha comunidad”, manifiesta el tribunal.
En ese sentido, el fallo instruye al Ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, para que «expida un acto administrativo en el que estudie el concepto de consulta previa, con sujeción a las consideraciones expuestas en esta providencia.» Esta directriz implica que el Gobierno debe adoptar un enfoque más inclusivo y participativo, asegurando que las voces de las comunidades indígenas sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones que afecten sus territorios y recursos.
Según el tribunal, el fallo busca equilibrar la continuidad de los proyectos de desarrollo económico con la protección de los derechos indígenas y señala que el Gobierno y las empresas involucradas deben cumplir con las normativas establecidas para evitar vulneraciones a las comunidades locales.
