El 5 de noviembre se conocerá el fallo sobre la supuesta irregularidad en la contratación de emisión de pasaportes, donde Leyva enfrenta acusaciones de direccionamiento en el proceso de licitación.
El próximo 5 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación anunciará el fallo definitivo en el caso contra el excanciller Álvaro Leyva, en el marco de una investigación disciplinaria que se ha prolongado por varios meses. La controversia surge a raíz de la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación para la emisión de pasaportes, una acción que ha sido objeto de escrutinio debido a las acusaciones de presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
El procurador encargado del caso, Ernesto Espinosa, oficializó la fecha de la audiencia a través de un documento en el cual señala que el encuentro se realizará a las 9:00 a.m. en la sede de la Procuraduría, ubicada en la carrera 5a, No. 15-80, en el piso 4 de la torre A de Bogotá. En el comunicado se expresa: “FIJAR el martes 5 de noviembre de 2024, a la hora de las 9:00 a.m., para realizar audiencia de lectura de fallo dentro del juicio verbal de la referencia, diligencia que se llevará a cabo en la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación”.
Este proceso ha sido extensivo y complejo, acumulando una espera de casi cuatro meses desde su inicio a principios de 2024. Durante este tiempo, la Procuraduría ha recopilado y analizado testimonios y pruebas, aunque la lectura del fallo ya programada para el 1 de agosto fue suspendida. Dos días antes, Espinosa notificó a la defensa de Leyva que la diligencia se aplazaba debido a cambios en la organización interna de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento.
La procuradora general, Margarita Cabello, justificó el aplazamiento aludiendo a una “reorganización interna de los funcionarios”, explicando que las autoridades “no alcanzaron a sentarse a estudiar y discutir el fallo correspondiente, pero se reunirán la próxima semana y darán a conocer cuál es la próxima fecha”, lo que finalmente llevó a la fijación de la audiencia para noviembre.
La defensa del excanciller ha sostenido su postura durante todo el proceso, insistiendo en que no existen pruebas que respalden una sanción contra Leyva. Según el abogado defensor, Dueñas, el proceso de licitación para la emisión de pasaportes incluía un “pliego sastre”, es decir, una serie de condiciones aparentemente creadas para favorecer a la empresa Thomas Greg. El abogado declaró: “Durante el proceso quedó demostrado que la licitación de pasaportes tenía un ‘pliego sastre’, conclusión a la que también llegó el grupo de expertos de la Fiscalía; y en esas condiciones no puede sancionarse al exministro Álvaro Leyva por haber declarado desierta una licitación direccionada”.
Este fallo representa un momento clave tanto para Leyva como para la transparencia en los procesos de contratación pública en el país. Las acusaciones de que la licitación estuvo dirigida han suscitado un intenso debate sobre los riesgos de corrupción y la capacidad de las instituciones de prevenir estos actos. La conclusión de este juicio verbal podría, además de definir el futuro de Leyva, sentar un precedente en la evaluación y sanción de procedimientos licitatorios en Colombia.
En cuanto al contexto más amplio, este caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta la administración pública en términos de transparencia y eficiencia en la contratación. La controversia de los “pliegos sastre” y el cuestionamiento del fallo indican que aún persisten áreas vulnerables a prácticas de favoritismo en licitaciones de alto perfil, las cuales requieren mecanismos más sólidos de vigilancia. Una eventual absolución o sanción para Leyva marcará el camino para futuros procesos y servirá de ejemplo sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de contratos estatales.
