En nuestra sala de redacción es permanente la recepción de quejas de lectores molestos porque en su EPS no les atienden las llamadas telefónicas solicitando una consulta médica, tal como está establecido ahora.
Otra queja muy frecuente de los pacientes se relaciona con la receta de los medicamentos, los que para estas entidades el ibuprofeno, el acetaminofén y el dolex, siguen siendo los remedios mágicos, ya que según los usuarios que a diario se comunican con el Diario LA LIBERTAD son formulados para todas las enfermedades habidas y por haber.
Las denuncias formuladas en estos últimos días por un grupo de lectores, nos confirman la necesidad de seguir debatiendo a profundidad el delicado tema de la salud, un asunto que seguramente hace parte de la agenda a desarrollar por el actual Gobierno con la participación del Congreso de la República.
Para nadie resulta extraño encontrar hospitales sin material logístico, mientras que los pacientes y usuarios siguen padeciendo por no tener una atención digna y responsable.
Quizá sean repetitivas nuestras denuncias y al igual que en épocas anteriores poco se conozca de las investigaciones y sus resultados, pero lo esencial es que se afronte con suficiente autoridad lo que está pasando al interior del sector de la salud, en donde mucho se dice invertir, pero poca eficiencia se observa.
Las agudas crisis deficitarias que arrastran muchos hospitales públicos se reflejan en la desatención de miles de pacientes, lo que deja al descubierto esta grave problemática y las dificultades de toda índole que obstaculizan el desarrollo de procesos que permitan alcanzar mejores niveles de compromisos de las esferas gubernamentales por el bienestar en salud de los más pobres.
La comercialización de este sector a partir de vigencia de la Ley 100 de 1993 y sus posteriores reformas, condujo a la prestación de un servicio regido por intereses económicos, lo que contribuyó a que la corrupción se entronizara con graves efectos para toda la población.
Resulta muy diciente que las millonarias partidas anunciadas, muchas veces no llegaron a su destino, mientras que muchos hospitales y centros de salud se encuentran al borde del colapso por falta de recursos, al tiempo que otros con el esquema de la corrupción se enriquecieron a costa del erario, amparados en la impunidad y muy seguramente en la influencia politiquera, este será un aspecto para tener en cuenta en caso de consolidarse una reforma al actual sistema de salud en Colombia.
Es muy poco lo que se ha hecho para que el modelo, que se ve tan perfecto en su texto se traduzca en una población satisfecha con los servicios que recibe. Precisamente este es el meollo del asunto, porque mientras el Gobierno, las EPS y los usuarios no tiren para el mismo lado, los jueces –a través de sus fallos de tutela– y no los médicos, serán quienes sigan decidiendo si una vida está en riesgo o no.
Escuchar quejas del mal servicio de algunas EPS no es nada nuevo, por lo que clamamos desde este espacio editorial, para que muy pronto quede atrás el equivocado criterio de la prestación de un servicio público en el que el paciente es casi un mendigo.
En LA LIBERTAD –una vez más–hacemos eco de las innumerables quejas de los usuarios y un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, así como a la Superintendencia Nacional de Salud, para que ejerzan mayor control a todas estas entidades, ya que hay muchos aspectos que deben ser revisados urgentemente.
