Con 78.124 denuncias registradas este año, la Policía Nacional reporta un preocupante incremento de casos de violencia y abuso contra menores. La mayoría de las víctimas son niños y niñas entre los 6 y 12 años.
Las denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia han aumentado en un 8% este año, con un total de 78.124 reportes hasta la fecha, en comparación con las 71.851 denuncias registradas en 2023, de acuerdo con la Policía Nacional.
Los datos, revelados por la teniente coronel Claudia Suárez Carrillo, jefa de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, muestran que los niños de 6 a 12 años son los más vulnerables, representando 40.026 de las víctimas, seguidos por los menores de 12 a 17 años y los de 0 a 5 años.
De acuerdo con el informe, los delitos más comunes incluyen violencia intrafamiliar, con 17.940 casos; inasistencia alimentaria, con 9.919 casos; y actos sexuales abusivos, con cerca de 11.000 denuncias. Las estadísticas también señalan que el 95% de los menores afectados residen en zonas rurales, donde la intervención estatal suele ser menos efectiva.
Los departamentos con mayores afectaciones son Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima. Ante esta crisis, las autoridades han intensificado sus operativos y han logrado la captura de más de 4.000 presuntos responsables de estos delitos.
El incremento en las denuncias refleja una crisis estructural que afecta tanto la seguridad como el bienestar de los menores en Colombia, especialmente en las zonas rurales, donde se concentra el 95% de las víctimas. Este panorama exige no solo una respuesta punitiva, sino también una estrategia integral que abarque desde la educación hasta el fortalecimiento de los sistemas de protección infantil en las regiones más vulnerables.
La alta incidencia de violencia intrafamiliar y abuso sexual es alarmante y plantea la necesidad de medidas preventivas y correctivas a nivel comunitario, que involucren a instituciones educativas y de salud.
El aumento en las cifras también sugiere una mayor disposición de la ciudadanía a denunciar, lo cual podría interpretarse como una señal positiva de confianza en las autoridades. Sin embargo, para que esta confianza se mantenga, es crucial que el gobierno destine más recursos a la protección y atención de las víctimas y refuerce la presencia estatal en áreas rurales.
