Por: Laureano Acuña Díaz
En la historia reciente de nuestro país, hubo épocas en las que los municipios de Colombia contaban con un decidido apoyo del gobierno nacional para impulsar su desarrollo. Eran tiempos en los que la inversión social pública fluía hacia las comunidades, permitiendo que se levantaran escuelas, centros de salud, vías y parques que hoy, en su desgaste, parecen ecos de aquella promesa de progreso. En cada obra, en cada ladrillo colocado, se forjaba un compromiso del Estado con sus ciudadanos, una apuesta por mejorar su calidad de vida y hacer de los municipios un motor del desarrollo nacional.
Es respetable la decisión del actual gobierno de contratar las obras directamente desde Bogotá, bajo el argumento de que esta centralización asegura una mayor transparencia y combate la corrupción en territorios donde la confianza en la gestión local es limitada. No obstante, no podemos ignorar que, en el fondo, esta medida responde también a razones políticas, pues la mayoría de los alcaldes y gobernadores pertenecen a partidos diferentes al del gobierno central. Este hecho genera desconfianza y un temor a que las inversiones locales puedan desviarse hacia agendas políticas locales y nacionales, más cuando se avecina un debate congregacional y presidencial a la vuelta de la esquina, lo cual desafortunadamente debilita el desarrollo de una relación armoniosa entre el Estado y las regiones.
Esta centralización va directamente en contra del principio de descentralización administrativa, un sueño que la Constitución de 1991 quiso hacer realidad al darle autonomía a los entes territoriales para administrar sus recursos y planificar su desarrollo. El artículo 287 de la Constitución Política establece que “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley”. A su vez, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012 insisten en el fortalecimiento de las administraciones locales y en la autonomía administrativa y presupuestal de los municipios. Sin embargo, decisiones como la contratación centralizada van en contra de estos principios, obstaculizando la autonomía regional que la Constitución prometió y alejando aún más la posibilidad de un verdadero desarrollo local. Todos sabemos que los actuales mandatarios están administrando pobreza y deudas de sus antecesores.
Para nosotros, lo importante no es desde dónde se contrate ni cuál modalidad se utilice para llevar a cabo la contratación de las obras. Lo verdaderamente trascendental es que el gobierno comprenda que las comunidades maltratadas de Colombia esperan, con esperanza y necesidad, que su calidad de vida sea dignificada. Que entiendan que estos territorios requieren atención urgente y soluciones concretas a sus problemas, y que cualquier decisión administrativa esté enfocada en elevar el bienestar de quienes históricamente han sido ignorados.
Vimos cómo el presidente Gustavo Petro luchó toda su vida por un propósito: ganar la presidencia de Colombia. Subió cada peldaño en el momento indicado, dijo cada cosa en el momento adecuado y actuó para generar simpatía cuando era necesario. Sin embargo, resulta evidente que nunca preparó un equipo sólido para gobernar. Atribuimos de buena fe que las fallas y el retraso en inversión, sumados a los escándalos de corrupción, son precisamente el reflejo de esa falta de organización y previsión. Le tocó improvisar, incluso con personas de partidos opuestos, para poder sacar adelante una agenda legislativa que le permitiera aprobar las grandes reformas prometidas.
Pero hoy, después de dos años de gobierno, ya no hay excusa. Los ciudadanos, las comunidades y los municipios necesitan ver realidades, no solo discursos. Exigimos que esa construcción de bienestar que tanto reclamó el presidente cuando era congresista se materialice en acciones concretas. En su momento, el presidente se alzó como un “Moisés” que llevaría al pueblo colombiano a la tierra prometida. La pregunta es: ¿está dispuesto ahora a construir ese camino con la misma determinación que lo llevó hasta la presidencia?
La situación se complica aún más por una crisis de recaudo que limita el progreso municipal. Muchos municipios carecen de equipos capacitados en gestión tributaria, lo cual reduce su capacidad para recolectar ingresos propios. En este contexto, una cultura de no pago se alimenta de la desconfianza hacia administraciones que, en ocasiones, no ofrecen la transparencia necesaria. La falta de preparación académica y experiencia en lo público también limita la capacidad de algunos alcaldes para gobernar con eficacia; algunos mandatarios incluso ven en la alcaldía una oportunidad para su crecimiento económico personal, olvidando el compromiso adquirido cuando los ciudadanos les otorgaron su confianza mediante el voto.
Es tiempo que el presidente entienda su momento histórico y la responsabilidad que los colombianos le confiaron. Las comunidades y sus territorios esperan que se les brinde la oportunidad de avanzar en su desarrollo con obras e inversiones que dignifiquen su vida. Respetamos las decisiones de quienes están en el poder, pero señalamos con firmeza que es la gente la que sufre cuando la inversión social no llega y cuando la autonomía local es relegada. Al final, cuando se trata de construir país, el bienestar de nuestros ciudadanos debe estar siempre en el centro de cualquier proyecto de nación, y el sueño de una autonomía regional fortalecida debe ser un compromiso de todos, más allá de ideologías o intereses.
