Usuarios piden liquidación de la empresa y auditoría a sus finanzas tras designación de Edwin Palma como interventor.
En respuesta a la crisis financiera y operativa de Air-e, que derivó en su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Gobierno Nacional ha nombrado a Edwin Palma como nuevo agente interventor, sustituyendo a Carlos Diago. Palma, quien forma parte de la junta directiva de Ecopetrol, enfrentará el reto de restablecer la viabilidad de la empresa y responder a las expectativas de los usuarios de la región Caribe, quienes han expresado descontento y desconfianza en el manejo de esta entidad.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos de la Costa Caribe destaca que, tras la adquisición de Air-e, la empresa obtuvo beneficios sustanciales, lo que agrava la desconfianza hacia los antiguos directivos. Según Dagoberto Quiroga, ex Superintendente de Servicios Públicos, Air-e habría sido adquirida por un valor muy inferior al de sus activos, pagando apenas 28.000 millones de pesos frente a un avalúo de 2,44 billones de pesos por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esto representa el 1% del valor total de los activos. Además, el Ministerio de Hacienda otorgó una garantía de un billón de pesos para Air-e y otro billón para Afinia, bajo la Resolución 1877 de 2020, además de otros recursos asignados mediante un documento CONPES para fomentar la inversión en la empresa. Esta diferencia entre el valor pagado y los recursos adicionales recibidos ha generado un reclamo entre los usuarios que exige un uso adecuado de los recursos públicos invertidos.
La Liga, junto con otras organizaciones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, exige un cambio estructural y una gestión transparente en esta nueva etapa. Dentro de sus demandas más urgentes destacan cinco medidas clave:
- Declaración de intervención con fines de liquidación: Las organizaciones exigen que el Estado asegure la intervención como un paso hacia la liquidación de Air-e. Consideran que sería ilógico seguir inyectando recursos públicos para luego devolver la empresa a quienes «defraudaron la confianza pública». Asimismo, solicitan una auditoría forense a la contabilidad de la empresa para garantizar transparencia.
- Control estatal continuo: La Liga sugiere que el Estado mantenga el control de la empresa, pues argumenta que solo el Gobierno cuenta con el «músculo financiero» necesario para sostener la operación y asegurar el pago de servicios básicos como energía, proveedores, y nóminas.
- Reducción de tarifas: Consideran indispensable ajustar las tarifas para que sean accesibles a los usuarios, eliminando el «régimen tarifario contra los costeños» que, de acuerdo con la Liga, fue impuesto por los antiguos dueños de Air-e para hacer el negocio rentable.
- Cumplimiento del debido proceso en las relaciones con los usuarios: La Liga exige el respeto a los términos de quejas y recursos presentados por los usuarios, señalando que, bajo el principio de “excepción de contrato no cumplido”, los plazos suspendidos por la empresa deberían extenderse también para los usuarios.
- Compra de energía a generadoras públicas locales: Para reducir costos, proponen que Air-e adquiera energía de generadoras públicas de la región, como la hidroeléctrica de Urrá y Gecelca, pues consideran que esta sería una alternativa más económica.
Estas exigencias serán evaluadas en el Encuentro Nacional de Usuarios, programado para el 1 y 2 de noviembre en Cartagena. En este evento se espera que representantes de diversas organizaciones de usuarios discutan el futuro de Air-e y presenten propuestas al Gobierno Nacional para asegurar una gestión transparente y en beneficio de los ciudadanos.
Así las cosas, el nombramiento de Edwin Palma como agente especial interventor de Air-e llega en un contexto de alta expectativa y reclamos históricos de los usuarios de la Costa Caribe. La desconfianza en el manejo anterior y los beneficios desproporcionados que habrían recibido los antiguos directivos dejan en Palma una ardua labor de reconstrucción de la empresa y de la confianza pública.
Su reto no solo será resolver la crisis financiera, sino también asegurar una operación que responda a los intereses de los ciudadanos y se ajuste a la capacidad de pago de los usuarios en esta región. La intervención estatal, si bien temporal, podría abrir el camino hacia una transformación más profunda en el sector de servicios públicos en Colombia, donde la participación y vigilancia de los usuarios han cobrado fuerza como una garantía de transparencia.
Sobre Nombramiento de Edwin… by LIBERTAD DIARIO
