[Editorial] Una propuesta para su estudio

La propuesta surgida recientemente por parte de un grupo de comerciantes de varios municipios del Área Metropolitana –la mayoría propietarios de tiendas– en el sentido de que existe la necesidad  de armarse para protegerse de la arremetida de la ola delincuencial que los azota, puede catalogarse como una demostración de la misma desesperación que los agobia, debido al sinnúmero de hechos violentos que han acaecido  en los últimos días y en los cuales ellos –los tenderos– han sido los objetivos preferidos de los malhechores que los tienen prácticamente acorralados.

A propósito de tal pronunciamiento por parte de estos pequeños comerciantes, que agrupa a una gran cantidad en Barranquilla y el Atlántico, las autoridades se mostraron en desacuerdo con la iniciativa de armarse para enfrentar a la delincuencia, advirtiendo que, para contrarrestar el flagelo de la inseguridad, esa no es la solución, ya que generaría mucha más violencia y exteriorizaron su concepto de que lo urgente en estos momentos es el desarme a los delincuentes.

No hay que olvidar que el monopolio de las armas por parte del Estado constituye una de las cláusulas fundamentales de nuestra Constitución Nacional.

Lo cierto es que casi nunca se hace un cálculo respecto a cuánto es el armamento que circula ilegalmente por todo el territorio colombiano, pero sí resulta evidente que una gran parte de la población permanece armada, no como acicate de la legítima defensa, sino como un mecanismo ofensivo contra las gentes de bien, por lo que consideramos de mucha urgencia la recuperación de la noción de esa exclusividad por parte de nuestro Estado Social de Derecho.

Para nuestro concepto es ahí donde precisamente se origina el núcleo de los problemas de orden público, por lo que se debería tener la suficiente fuerza coactiva legal para reprimir a aquellos que portan las armas como algo común y corriente y lo catalogan como parte de la idiosincrasia de los colombianos.

Mientras este precepto constitucional no se consolide y no exista una clara política pública al respecto, seguiremos sufriendo la violencia como la peor endemia que durante décadas ha venido caracterizando a nuestro país.