Ocho personas capturadas y judicializadas; la Fiscalía y la Policía Nacional revelan que el grupo habría legalizado oro extraído ilegalmente con un valor aproximado de 88.000 millones de pesos.
En una operación que destapa una compleja red de minería ilegal y lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional lograron la captura de ocho personas vinculadas a la comercialización de oro extraído ilícitamente en el bajo Cauca antioqueño y en el sur de Bolívar. Según las autoridades, este oro era legalizado mediante una serie de maniobras para darle una apariencia de legitimidad y así enviarlo a mercados internacionales, principalmente a Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Los primeros reportes financieros indican que esta red habría obtenido ganancias superiores a los 88.000 millones de pesos a través de la exportación de este metal precioso. Entre los capturados se encuentran los presuntos líderes del grupo, identificados como Edgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz y Janeth Cecilia Díaz Correa, junto con colaboradores que desempeñaban roles estratégicos dentro de la organización, como Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Carolina James Rueda, Rosa Katerine Monsalve Cano, Diana María Ríos Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz. Estos individuos, según las autoridades, cumplían funciones clave como contadores, administradores y revisores fiscales.
La Fiscalía, a través de una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, les imputó cargos por concierto para delinquir con fines de lavado de activos, explotación ilícita de yacimiento minero y fraude procesal. Estas imputaciones surgen de un extenso seguimiento que puso al descubierto el modus operandi del grupo criminal.
De acuerdo con los elementos probatorios presentados, el oro era extraído mediante el uso de maquinaria pesada y compuestos químicos que provocaron graves daños ambientales. Posteriormente, este mineral era legalizado a través de una comercializadora ubicada en Medellín (Antioquia) y Santa Rosa (Bolívar), donde se documentaba falsamente como oro extraído por barequeros de subsistencia. Esta táctica permitía simular un origen legítimo del oro antes de ser procesado y exportado al extranjero.
El análisis de las autoridades también reveló que los ingresos declarados no se correspondían con la cantidad de oro exportado, lo cual sugiere un incremento injustificado del patrimonio de la organización. Esta incongruencia financiera alertó a las autoridades, quienes sospechan que el grupo buscaba maximizar sus beneficios económicos a través de estas operaciones ilegales.
Así las cosas, este caso evidencia la magnitud de la minería ilegal en Colombia y su impacto tanto en el medio ambiente como en la economía. Además de los daños ecológicos causados, la operación revela una sofisticada estructura de lavado de activos que permite a las redes criminales ocultar sus ingresos ilícitos y legalizar recursos provenientes de la explotación ilegal.
Este tipo de crímenes requiere una respuesta contundente del Estado, que debe fortalecer la vigilancia sobre las operaciones mineras y las exportaciones para evitar que recursos ilegales se integren al mercado formal.
