Luego de intensas negociaciones, se desbloquea el corredor vial Cúcuta – Pamplona – Bucaramanga, beneficiando a las comunidades y la economía regional.
El paro minero en Norte de Santander ha llegado a su fin tras la firma de acuerdos entre las comunidades de la región y representantes del Gobierno Nacional. Este acuerdo pone fin a cinco días de bloqueos en el corredor vial que conecta Cúcuta, Pamplona y Bucaramanga, una situación que afectó no solo el transporte, sino también la economía local.
Las negociaciones se llevaron a cabo después de que el Gobierno Nacional enviara delegados del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras para dialogar con las comunidades agrícolas. Estas comunidades habían presentado un pliego de peticiones que abarcaba varios temas, entre ellos la derogación de los límites de frontera agrícola en el páramo de Santurbán. La problemática se centraba en las dificultades que enfrentan los habitantes para continuar sus labores en la zona, vital para su sustento.
“Celebramos estas decisiones y esperamos que el gobierno nacional, que escuchó las comunidades campesinas, hagan un seguimiento a las peticiones que tienen y se logren resolver las problemáticas que por años han afectado a estas personas”, afirmó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Esta intervención gubernamental resultó crucial para alcanzar un acuerdo y abrir espacios de diálogo, como la creación de mesas de trabajo donde se evaluarán las solicitudes de las comunidades.
El desbloqueo de las vías ha sido una necesidad urgente, ya que durante los cinco días de paro, el tránsito de vehículos se vio severamente limitado, afectando no solo a las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga, sino también a municipios aledaños como Silos, Mutiscua, Cáchira y Pamplona. Con la reactivación del corredor vial, se espera que se inicie la recuperación de diversos sectores económicos que sufrieron pérdidas significativas durante el paro. Según Fenalco, las pérdidas en la región superaron los 270 mil millones de pesos, lo que refleja la magnitud del impacto en la economía local.
A medida que las comunidades ven que sus voces han sido escuchadas y sus preocupaciones atendidas, hay un renovado optimismo en la región. Sin embargo, será fundamental que el Gobierno mantenga su compromiso de seguimiento a los acuerdos establecidos para evitar que la situación se repita en el futuro.
La clave estará en la construcción de un diálogo continuo que garantice el desarrollo sostenible de las comunidades y el respeto a sus derechos, así como en la búsqueda de soluciones que beneficien tanto a las comunidades como a la economía nacional.
