La Jurisdicción Especial para la Paz requiere a los hermanos Angulo Osorio para contribuir a la verdad sobre las masacres y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en el marco del conflicto armado en Antioquia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a rendir versión a los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, quienes se encuentran sometidos a dicha jurisdicción debido a su presunta participación en los crímenes cometidos por grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. Los dos hombres son señalados como patrocinadores de estos grupos, implicados en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La Sala de Reconocimiento de la JEP será la encargada de notificar oficialmente la fecha y lugar donde se llevará a cabo la diligencia judicial, en la que los hermanos Angulo deberán presentar sus aportes a la verdad. Esta versión se desarrollará dentro del subcaso Antioquia, correspondiente al Caso 08, que investiga la relación entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares en esta región del país durante el conflicto armado.
Los hermanos Angulo Osorio fueron previamente investigados por la justicia ordinaria como presuntos responsables de graves delitos, entre ellos homicidio agravado, secuestro simple, terrorismo, desplazamiento forzado, acceso carnal violento, hurto agravado e incendio, todos cometidos en el marco de la masacre de El Aro en octubre de 1997. De igual manera, están implicados en la masacre de La Granja, ocurrida en junio de 1996. Estas masacres, que dejaron un saldo de múltiples víctimas, fueron perpetradas por los paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el municipio de Ituango.
En 2013, los hermanos fueron condenados por la justicia ordinaria bajo los cargos de homicidio y concierto para delinquir agravado, en relación con el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín en febrero de 1998. Valle, reconocido defensor de los derechos humanos y crítico de las acciones paramilitares, fue una figura clave en la denuncia de los vínculos entre las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares en Antioquia.
Los hermanos Angulo Osorio, en su solicitud de sometimiento a la JEP, manifestaron su disposición a esclarecer los hechos relacionados con la masacre de El Aro, en la cual fueron asesinadas 17 personas, así como en el caso de La Granja, donde murieron cuatro personas a manos de las autodefensas. Igualmente, han expresado su voluntad de contribuir a la verdad sobre el asesinato de Jesús María Valle.
La citación a versión por parte de la JEP tiene como propósito no solo aclarar los detalles específicos de estos crímenes, sino también ayudar a identificar los patrones y estructuras macrocriminales que facilitaron la expansión de las AUC en Ituango y otras zonas de Antioquia entre 1996 y 1999. Este periodo fue marcado por una intensa violencia paramilitar y una fuerte consolidación del control territorial por parte de estos grupos armados, apoyados en muchos casos por sectores de la fuerza pública y actores privados.
En el contexto de la JEP, se espera que los hermanos Angulo Osorio brinden información clave que permita esclarecer cómo se planificaron y ejecutaron las acciones violentas en Ituango, revelando las conexiones entre los actores que posibilitaron la comisión de estos crímenes.
La participación de los hermanos Angulo Osorio en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el asesinato de Jesús María Valle, revela un patrón de violencia sistemática que caracterizó la expansión del paramilitarismo en Antioquia. Estas acciones no solo estuvieron orientadas a sembrar el terror en las comunidades, sino también a consolidar el control territorial en favor de intereses económicos y políticos de grupos ilegales y ciertos sectores de poder.
El hecho de que la JEP los haya llamado a aportar su versión representa un avance crucial para el esclarecimiento de la verdad histórica en torno a uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, la clave estará en la capacidad de la JEP para asegurar que estos aportes realmente contribuyan a la reparación de las víctimas y al reconocimiento pleno de las responsabilidades individuales y colectivas detrás de estos crímenes. Será necesario que se avance en la identificación de todas las estructuras criminales involucradas, lo que podría llevar a nuevos descubrimientos sobre la complicidad de actores estatales y privados en la violencia paramilitar.
