La periodista y líder social, Jennyfer Charrys Tejera, denuncia ante la Fiscalía amenazas contra su vida tras ser atacada en Barranquilla. El gremio periodístico exige protección.
La periodista y líder comunitaria Jennyfer Charrys Tejera, afiliada al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Atlántico, y reconocida promotora del desarrollo turístico en el departamento del Atlántico, fue víctima de una brutal agresión y amenaza de muerte en las calles de Barranquilla. El hecho ocurrió el pasado martes 22 de octubre de 2024 en la tarde, tras una serie de reuniones de trabajo orientadas al progreso del municipio de Piojó y del corredor turístico regional que abarca localidades como Juan de Acosta, Tubará, Luruaco, Puerto Colombia, Usiacurí, Sabanalarga y Baranoa.
Charrys, quien también ejerce como profesional en Guianza Turística, explicó que la agresión sucedió cuando caminaba cerca de la Universidad Autónoma de Barranquilla, en la carrera 46 frente al almacén «El Hueco». Según su testimonio, fue atacada sin provocación por Alexandra González Jiménez, de unos 28 años, quien la sujetó violentamente por la espalda y lanzó una amenaza directa: «Te voy a matar». Tras el ataque físico, Charrys logró defenderse y liberarse de su agresora. La amenaza contra su vida ha quedado registrada en las cámaras de seguridad del almacén, las cuales han sido incluidas como evidencia en la denuncia formal que presentó ante la Fiscalía General de la Nación.
Temor y vulnerabilidad de la periodista
«Hoy me siento asustada y temo por mi vida», declaró Charrys, quien asegura que la situación se agrava debido a las amenazas verbales continuas de González Jiménez, residente del barrio Las Piñuelas en Piojó. La periodista enfatizó su preocupación, ya que González afirmó que un familiar intervendría en su contra. Este clima de intimidación afecta profundamente a Charrys, madre de dos hijos pequeños, una niña de 4 años y un niño de 3, que dependen de ella en Piojó.
Este caso resalta un contexto alarmante para la libertad de prensa en la región. Según la periodista, su denuncia refleja una problemática común entre profesionales de medios en Colombia, quienes a menudo enfrentan riesgos significativos simplemente por ejercer su labor informativa. En sus palabras, “son muchos los profesionales que ejercen el periodismo que están amenazados, pero guardamos la esperanza que nuestros colegas sigan ejerciendo esta hermosa carrera manteniendo su imparcialidad y mostrando que los buenos somos más”.
Exigencia de acciones contundentes
El gremio periodístico en Atlántico ha exigido a las autoridades acciones más efectivas en protección de sus miembros. Han solicitado al comandante de la Policía departamental y a otras autoridades civiles que refuercen la seguridad de los periodistas y de los más de 60 medios de comunicación comunitarios que operan en el departamento. Estas demandas buscan asegurar que los periodistas puedan ejercer libremente su derecho a informar sin poner en riesgo su integridad física.
Desde la Red Arca – Red de Medios de Comunicación Comunitarios del Atlántico, que apoya a Charrys, se hace un llamado a que se garantice la protección de los 850 periodistas que operan en la región, considerando las vulnerabilidades crecientes de los comunicadores en el contexto actual de violencia contra la prensa. Los directivos de la Red han señalado la importancia de preservar la labor informativa y el acceso de la ciudadanía a una información objetiva y confiable.
Hacia una mayor protección
Este episodio ilustra la constante amenaza que enfrentan los periodistas comunitarios, cuya labor es vital para la democracia y la transparencia en la región. Los comunicadores locales, al estar cerca de sus comunidades, se convierten en defensores de sus intereses y denuncian irregularidades que muchas veces exponen a los responsables de actos violentos. En un país donde la violencia y el silencio hacia la prensa siguen siendo problemas graves, es urgente que el Estado y las autoridades implementen estrategias de protección especial para los periodistas comunitarios, asegurando su derecho a informar sin temores ni represalias.
