Las cifras sobre desempleo en Colombia, conocidas recientemente, produjeron cierta incredulidad y originaron más de una controversia, dando lugar a incertidumbres y confusiones.
Ahora se trata de saber si los análisis del Dane son confiables, si el dogma que afirma que el crecimiento económico siempre genera empleo y desarrollo social y si es necesario revisar el actual modelo como requisito esencial para lograr reducir la inequidad en la sociedad colombiana.
La contradicción que presenta la economía nacional es inocultable, las estadísticas indican que el Producto Interno Bruto aumentó en el año pasado, una cifra destacada, generada por la recuperación de la confianza en el país, pero por el buen comportamiento de sectores como la construcción, la explotación minera, el comercio y las exportaciones.
Quizá no se haya advertido la importancia que las encuestas de opinión señalen el desempleo como uno de los grandes problemas colombianos; de creérsele en ciertos círculos un asunto fácil de resolver, ha pasado de convertirse en el gran ‘rompecabezas’ nacional, a servir de difusor de la pobreza y a exigir la atención prioritaria del Estado, no necesariamente a través de las permanentes reformas tributarias.
Solo cuando a las ciudades –como es el caso de Barranquilla– llegaron miles de desplazados e indigentes y en cada esquina aparecieron, se comenzó a entender y valorar la magnitud del fenómeno del desempleo; ellos no son en su totalidad holgazanes ni viciosos; no todos son delincuentes en potencia, la mayoría son personas a quienes se les conculcó el derecho al trabajo pero se les privó de los medios esenciales para su subsistencia y la de sus familias; emigraron a los grandes centros urbanos, pero al poco tiempo se les cerró el horizonte y se dedicaron al trabajo informal.
Esa es la parte positiva del asunto; frente a ella, están las cifras que hablan de la reducción de miles de empleos durante los últimos dos años, del crecimiento de la informalidad y de la continuidad en la crisis que afecta el trabajo en el campo colombiano, lo que lo convierte en permanente traslado de mano de obra no calificada hacia las ciudades, como es el caso de Barranquilla.
Luego está el principio defendido por muchos economistas, según el cual el crecimiento del P.I.B. significa más empleo; frente a él ya hay gremios que afirman que ese crecimiento se ha producido al conseguir mayores eficiencias en el sector productivo que no necesariamente genera más puestos de trabajo.
Otros conceptúan que el aumento de la actividad económica significa más ingresos para el Estado, lo que se está reflejando en el incremento del gasto social del que nos han venido hablando el presidente Petro y los anteriores gobiernos.
Allí están planteados los elementos básicos de la discusión que hoy ocupa a los colombianos, discusión que tiene que ser superada, a partir de reconocer que algo no funciona como debería, por lo que se corre el peligro de aumentar las desigualdades, de generar mayores acumulaciones de riquezas en algunos sectores, mientras la gran mayoría de colombianos depende cada vez más de programas gubernamentales, porque parecen cerrarse las oportunidades que garantizan una sociedad más sana y equilibrada.
Es allí donde se pone de relieve la necesidad de revisar el modelo económico colombiano, para reactivar los sectores estancados y seguir promoviendo las inversiones para ir escalando en los propósitos que todos queremos en materia de empleo y crecimiento social.
