El Comité Autónomo de la Regla Fiscal señala que el proyecto de descentralización de recursos estatales podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
En un reciente pronunciamiento ante el Senado, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) presentó su análisis sobre la propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), cuyo objetivo es incrementar la proporción de recursos estatales destinados a departamentos y municipios. Este proyecto propone elevar del 20% actual al 46% la asignación de recursos corrientes de la Nación, de manera progresiva en un plazo de diez años, comenzando en 2027 con incrementos de 2,5 puntos porcentuales anuales.
Sin embargo, el CARF considera que esta propuesta es fiscalmente inviable. Según su evaluación, excedería el límite de endeudamiento establecido por la ley, lo que obligaría al Estado a buscar mecanismos adicionales, como reformas tributarias, para financiar dicho incremento. La presidenta del CARF, Astrid Martínez, subrayó que el Gobierno enfrenta un desafío significativo para cumplir con sus metas fiscales en 2024, en un contexto donde el recaudo tributario es preocupantemente bajo y las presiones sobre el Presupuesto para 2025 son cada vez mayores.
Martínez alertó: “La programación del gasto 2024 y 2025 está al límite del espacio permitido por la Regla Fiscal, sin dejar espacio para reaccionar ante choques externos o internos. Esta posición implica riesgos, que se acentúan dado que más de 83% del gasto del Gobierno Nacional Central es inflexible”.
El análisis del CARF señala que el verdadero problema podría surgir a mediano plazo. La iniciativa en cuestión podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, ya que propone incrementar las transferencias a entidades territoriales hasta alcanzar el 46,5% de los ingresos corrientes para el año 2036. Este aumento del déficit fiscal podría superar el límite legal del 71% del Producto Interno Bruto (PIB).
El CARF advirtió que, de implementarse la reforma, “se comprometería el financiamiento sostenido de las funciones esenciales del Estado que son competencia del GNC, como defensa e infraestructura”. Esta situación, a su vez, implicaría un esfuerzo adicional para financiar los recursos necesarios, estimándose que se requeriría el equivalente a tres reformas tributarias solo para cubrir los incrementos en las transferencias del SGP, lo que dejaría la inversión pública con poco o ningún margen de maniobra.
“El limitado espacio que hoy tiene la inversión pública podría reducirse a cero y aun así, no sería suficiente para compensar el aumento en el gasto de transferencias del SGP”, sentenció la entidad.
Además, el CARF considera que el aumento propuesto para la próxima década carece de una “base objetiva”, ya que no tiene en cuenta las inflexibilidades presupuestarias ni las obligaciones que debe asumir el Estado. La falta de un análisis técnico también fue señalada, dado que la propuesta no considera las capacidades territoriales ni las necesidades de financiación de sectores vitales como educación, salud y saneamiento básico.
Este contexto plantea una interrogante crucial: ¿puede el país permitirse una reforma que, aunque busca mejorar la distribución de recursos, podría desestabilizar las bases fiscales y comprometer el desarrollo sostenible de las entidades territoriales?
La necesidad de un debate más profundo sobre el tema se vuelve inminente, considerando que los cambios propuestos impactan no solo en la administración fiscal, sino también en el bienestar de la población, que depende de la adecuada financiación de los servicios públicos esenciales.
