El Ministerio de Hacienda respalda un proyecto de ley que busca transferir competencias a las entidades territoriales, asegurando la estabilidad financiera del país en un marco de colaboración entre el gobierno central y los departamentos.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha manifestado su apoyo a la aprobación de un proyecto de ley que busca equilibrar competencias y recursos entre el gobierno central y las entidades territoriales, sin poner en riesgo las finanzas de la Nación. Este anuncio se enmarca en los debates generados por el Proyecto de Acto Legislativo 437 de 2024 Cámara y 018 de 2024 Senado, el cual modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), ajustando los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
El objetivo principal de esta iniciativa, según el Ministerio de Hacienda, es permitir la transferencia de funciones a los entes territoriales dentro de un análisis exhaustivo de sostenibilidad fiscal. La ley propuesta busca «poner en equilibrio competencias y recursos, sin poner en riesgo las finanzas de la Nación», como una vía para avanzar en las discusiones actuales en torno a este proyecto. A través de la ley se pretende garantizar que las intervenciones del Estado mantengan la estabilidad económica, evitando situaciones en las que se asignen más recursos sin la correspondiente capacidad de gestión en las entidades territoriales.
El acto legislativo, que se presentó formalmente en el Senado en febrero de 2024, se plantea como una herramienta crucial para fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, mientras que la ley de competencias mencionada en el texto ofrecerá una estructura clara para la distribución de recursos. La senadora Angélica Lozano, quien ha estado involucrada en el proceso desde sus inicios, subrayó que «desde febrero, texto antes de comenzar primer debate, se prevé una ley posterior que reglamente competencias y recursos trasladado… luego es vacío que hoy saquen este comunicado diciendo que habrá una ley que reglamente: obvio, está previsto desde febrero».
Desde febrero, texto antes de comenzar primer debate, se prevé una ley posterior que reglamente competencias y recursos trasladado… luego es vacío que hoy saquen este comunicado diciendo que habrá una ley que reglamente: obvio, está previsto desde febrero. pic.twitter.com/HkNglUZMJv
— Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) October 24, 2024
La propuesta de ley se enfoca en aspectos fundamentales para asegurar el éxito del acto legislativo. Entre ellos, la necesidad de definir claramente las competencias que serán asumidas por las entidades territoriales, así como garantizar que la asignación de los recursos esté alineada con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Esto es clave para evitar que entidades con menos capacidad institucional se vean abrumadas por nuevas responsabilidades, sin el adecuado acompañamiento del gobierno nacional.
Otro punto central de la discusión es el diseño de un modelo de gobierno abierto que incremente la transparencia en el manejo de los recursos, promoviendo la participación ciudadana, la innovación tecnológica y la rendición de cuentas en los procesos de gestión. La implementación de esta ley debe contribuir al desarrollo armónico de las regiones, con un enfoque en la productividad y competitividad, según indica el documento del Ministerio.
Finalmente, se busca establecer una estrategia de monitoreo y seguimiento integral del gasto ejecutado por las entidades territoriales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de metas de cobertura y calidad. Esta estrategia debe fortalecerse mediante la participación ciudadana en el control social de los recursos públicos, permitiendo una mejor rendición de cuentas.
El proyecto de ley que acompaña el acto legislativo es fundamental para evitar escenarios en los que las entidades territoriales se vean abrumadas por competencias que no están preparadas para asumir. Además, es crucial que el proceso de transferencia de recursos se realice bajo un marco de coordinación entre el gobierno central y las entidades territoriales, lo que permitirá avanzar en el desarrollo de las regiones sin comprometer la estabilidad fiscal.
Las advertencias de la senadora Lozano refuerzan la importancia de asegurar que todos los aspectos operativos del acto legislativo se ejecuten conforme a lo planeado desde el principio. El futuro de la autonomía territorial en Colombia depende, en gran medida, del éxito de esta ley de competencias.
