La reforma fiscal avanza en el Congreso con fuerte apoyo, pese a las advertencias de Hacienda sobre los riesgos financieros para el gobierno central.
La administración de Gustavo Petro enfrenta uno de los momentos más tensos en su intento por descentralizar el país. La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que promete otorgar más recursos a los departamentos y municipios, ha generado un conflicto interno sin precedentes entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. A pesar del apoyo mayoritario en el Congreso, las alarmas no dejan de sonar desde el Ministerio de Hacienda, que ve en esta iniciativa un riesgo significativo para las finanzas públicas.
El origen de esta confrontación se da por la oposición de Bonilla y su equipo técnico al acto legislativo que busca reformar el SGP. Esta iniciativa, impulsada por congresistas cercanos a Cristo, propone aumentar las transferencias a las regiones, dándoles más autonomía y recursos para gestionar áreas clave como la educación, la salud y el saneamiento básico. No obstante, Hacienda ha advertido que este cambio amenaza la capacidad del gobierno central para cumplir con sus obligaciones financieras, principalmente porque implica una mayor transferencia de recursos sin exigir nuevas responsabilidades a las regiones.
La reforma, que la próxima semana enfrentará su sexto de ocho debates en el Senado, cuenta con un respaldo mayoritario entre los congresistas. Sin embargo, las voces de Hacienda y Planeación Nacional, encabezadas por Alexander López, siguen planteando dudas sobre la sostenibilidad de este proyecto. En un artículo reciente, el ministro Cristo enfatizó que “no podemos permitir que las excusas fiscales oculten la necesidad de avanzar hacia la autonomía territorial”, reafirmando su postura a favor de la reforma y su disposición para negociar con Hacienda.
El conflicto entre Bonilla y Cristo se agrava con el apoyo que el ministro del Interior ha encontrado no solo entre los congresistas, sino también en el centro de pensamiento económico Anif, una institución ligada al sector bancario, que coincide en señalar el riesgo fiscal de la reforma. Aun así, Bonilla se mantiene firme como el mayor obstáculo para la descentralización, una iniciativa que Petro incluyó en su programa de gobierno, pero que hoy enfrenta una dura resistencia.
El corazón del debate radica en la modificación de la fórmula que define las transferencias del gobierno central a las regiones. La propuesta establece un piso mínimo de 26,86% del presupuesto para 2025, cifra que aumentará gradualmente hasta alcanzar el 46,5% en 2035. Con esta reforma, los departamentos y municipios recibirían una porción mucho mayor del presupuesto, pasando de 60 billones a 140 billones de pesos en transferencias. Esto plantea un problema para el gobierno central, que ya tiene obligaciones financieras fijas, como la deuda externa, y cuyo margen de maniobra para cumplir con ellas se vería reducido.
El argumento de Hacienda es claro: la reforma comprometería la estabilidad financiera del Estado sin garantizar que las regiones asuman nuevas responsabilidades que justifiquen el aumento en los recursos transferidos. Aunque los defensores de la reforma aseguran que en el plazo de un año se presentaría una ley para otorgar más competencias a los gobiernos locales, Hacienda desconfía de la viabilidad de este plan, considerando que un cambio de esta magnitud no puede implementarse en tan poco tiempo.
Desde la oposición, senadores como Guido Echeverri han defendido la reforma y aseguran que “el ministro Cristo cuenta con el aval del presidente para seguir adelante con esta iniciativa”. Además, sostienen que esta no solo implica un aumento de los recursos, sino también una redistribución de competencias, donde los gobiernos regionales podrían asumir la gestión de infraestructura vial, vivienda social, cultura, deportes, entre otros. Sin embargo, para calmar los temores de Hacienda, se plantea la posibilidad de agregar un artículo que condicione la entrada en vigor de la reforma hasta que se apruebe una nueva ley de competencias.
El debate ha trascendido las paredes del Congreso y se ha convertido en una de las principales pruebas para el gobierno Petro, que enfrenta una paradoja política: impulsar la descentralización, una promesa central de su plan de desarrollo, sin comprometer el control financiero del gobierno central. Para algunos analistas, como José Indalecio Restrepo, quien lideró la Misión de Descentralización, “el gobierno teme discutir porque no quiere perder poder”. Sin embargo, el avance de la reforma parece imparable y podría marcar un hito en la relación entre el gobierno central y las regiones.
En conclusión, la reforma al Sistema General de Participaciones es, sin duda, uno de los mayores retos fiscales y políticos que enfrenta el gobierno de Petro. Aunque cuenta con un amplio apoyo en el Congreso, las advertencias de Hacienda no pueden ser ignoradas. La pregunta es si el gobierno encontrará un equilibrio entre el deseo de descentralización y la responsabilidad fiscal, o si este enfrentamiento terminará debilitando aún más al Ejecutivo. La decisión final dependerá de la capacidad del gobierno para negociar y conciliar intereses, algo que hasta el momento parece difícil de alcanzar.
