Fredy Alexander Gómez y Rafael Santos Puentes admiten su participación en el caso de las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza y Yhonson Pineda, implicando presiones desde la Presidencia.
En un sorprendente giro dentro del escándalo de las interceptaciones ilegales en Colombia, Fredy Alexander Gómez, agente de la Sijín de la Policía de Bogotá, admitió su culpa y pidió disculpas públicas a Marelbys Meza, exempleada de la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia. Gómez, quien falsificó informes judiciales para justificar las ‘chuzadas’ a Meza y a su amigo Yhonson Pineda, confesó que su actuación fue producto de presiones provenientes de altos mandos, vinculando a la Casa de Nariño en el proceso.
En la reciente audiencia judicial, se firmó un preacuerdo que beneficia tanto a Gómez como a Rafael Santos Puentes, conocido como la «fuente humana» en el caso. Santos fue quien, mediante un falso testimonio, intentó incriminar a Meza en el robo de unos dólares de la casa de Sarabia. Ambos serán condenados por fraude procesal, enfrentando penas que podrían superar los 40 meses de prisión.
Un medio de comunicación nacional tuvo acceso a la grabación del perdón ofrecido por Gómez, en la que el agente expresó que fue manipulado para actuar en contra de Meza. Según el uniformado, su capitán, Óscar Mojica, fue quien lo obligó a llevar a cabo las interceptaciones, asegurando que «eran órdenes de los jefes», quienes le dijeron que el caso involucraba a la Presidencia y que debía obedecer. «Solo fui un peón sacrificado en el afán que tenía el capitán Mojica de dar un resultado, por un caso en el cual yo no tenía nada que ver», confesó Gómez. Este tipo de afirmaciones refuerzan la hipótesis de que la presión venía desde altas esferas del poder.
El agente también hizo un llamado a que otros policías de alto rango sean igualmente judicializados. «Que la administración de justicia sea justa y que las demás personas que tienen que estar aquí las traigan pronto… siempre sabemos que caemos los de abajo, los peones», afirmó, dejando en evidencia un patrón de protección hacia funcionarios de mayor jerarquía. Según Gómez, aún queda por ver si las investigaciones alcanzarán a los verdaderos responsables detrás de las interceptaciones.
Por su parte, Rafael Santos Puentes, quien se presentó como la falsa fuente en el caso, se sumó al perdón y admitió que su testimonio fue parte de un montaje para inculpar a Marelbys Meza. En la audiencia, Santos expresó que también fue una víctima de este complot, reconociendo el daño causado a Meza y Pineda. «Me arrepiento de corazón y pido perdón a la señora Marelbys Meza… al señor Yhonson Pineda también le pido perdón públicamente», declaró Santos, mostrando arrepentimiento por las consecuencias de su participación.
Este caso ha encendido un fuerte debate sobre las prácticas judiciales y policiales en Colombia, particularmente cuando se trata de involucrar a funcionarios de alto nivel. La influencia de la Presidencia en la policía para manipular investigaciones y fabricar pruebas es un tema delicado que ha puesto en tela de juicio la independencia y transparencia de las instituciones.
A medida que el proceso judicial avanza, surgen interrogantes sobre cuán profundas son las conexiones entre este caso y las órdenes de altos cargos del gobierno. La confesión de Fredy Alexander Gómez y el testimonio de Rafael Santos sugieren que estas interceptaciones ilegales no fueron simples errores administrativos, sino parte de una estrategia más amplia con la intención de encubrir a figuras clave del gobierno.
El trasfondo de este escándalo apunta a una estructura donde los «peones» terminan cargando con la responsabilidad mientras los mandos superiores parecen mantenerse a salvo. Si bien Gómez y Santos serán condenados, queda por ver si otros involucrados enfrentan la justicia. Este caso plantea dudas sobre la confianza en el sistema judicial y abre un debate sobre las repercusiones políticas de un escándalo que ha llegado a involucrar a la Presidencia misma.
El uso de prácticas ilegales para perseguir y castigar a personas por intereses gubernamentales plantea serios desafíos a la integridad del estado de derecho. Las condenas a Gómez y Santos podrían ser solo el comienzo de un proceso que revele aún más implicaciones de esta trama de espionaje ilegal. Aún está por verse si la justicia logrará llegar hasta el fondo de este caso o si, como muchos temen, los verdaderos responsables lograrán evadir su responsabilidad.
